En el escrito, recogido por Europa Press, los alcaldes populares de La Roda de Andalucía, Juan Jiménez; y Herrera, Jorge Muriel; más un edil popular de Estepa, Rafael Toro; y el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales, de IU, manifiestan su "respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia", si bien avisan de que por la "afectación reputacional" al Consorcio y la "honorabilidad" de los miembros del mismo, el presidente de la institución debe dar "explicaciones" de lo sucedido.
Por ello, y en aras a la "transparencia y la ética", reclaman una sesión "urgente" de la junta general de la entidad, para que Antonio Jesús Muñoz "arroje luz e información" sobre los hechos indagados, una petición que los populares anunciaban ya la semana pasada y que después ha contado con el apoyo del alcalde de Pedrera, de IU.
En ese sentido, el alcalde popular de La Roda de Andalucía, Juan Jiménez, había manifestado ya a Europa Press que "algo huele muy mal" en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, cuando seis de los miembros de la entidad han prestado declaración ante la Policía Nacional y los propios agentes se personaron en la sede de la institución para requerir documentación sobre diversos contratos.
COMPARECENCIA ANTE LA POLICÍA NACIONAL
Mientras la Policía Nacional señala que estas personas prestaron declaración en calidad de detenidos y después quedaron en libertad, la entidad defiende que los aludidos comparecieron "voluntariamente" ante la Policía tras pedirles los agentes que se personasen en la comisaría más cercana, en este caso la de Antequera (Málaga).
Y si bien el Consorcio expone que el asunto giraría en torno a "documentación anterior a la toma de posesión de Antonio Jesús Muñoz Quirós como presidente de la entidad en octubre de 2019", declarando voluntariamente el también alcalde de Estepa, Juan Jiménez avisaba de que el Consorcio "siempre ha sido un ente opaco" y en la zona "es vox populi que se trata de un chiringuito del PSOE", pues "siempre ha estado presidido por alcaldes socialistas".
"Es necesario que se aclare qué está pasando", enfatizaba, señalando que los responsables del Consorcio deben dar "explicaciones" de esta investigación y de otros aspectos como las "deudas de cuatro millones" que arrastraría la entidad, las contrataciones laborales y los encargos a los proveedores.
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