Además de la pena de cárcel, los dos empresarios deberán de pagar indemnizaciones a los damnificados por un importe global de 56.300 euros.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los dos acusados, durante los años 2013 a 2016, se dedicaban conjuntamente, como empresarios individuales, a realizar reformas de construcción bajo un mismo nombre comercial, teniendo para el desarrollo de esta actividad un local en la calle del Carmen y otro en la avenida Pablo Iglesias, ambos en Gijón.
En el ejercicio de esta actividad y con la intención de obtener un beneficio económico ilícito, concertaron en Gijón, con diversos propietarios de viviendas de la ciudad, presupuestos varios de reforma en las mismas a precios muy competitivos con la única finalidad de captar fácilmente a clientes.
Según la Acusación Pública, el objetivo era cobrar la mayor parte del importe presupuestado por adelantado o en una fase muy inicial de las obras y acto seguido abandonarlas sin ejecutarlas, quedándose con la diferencia el dinero percibido y lo realmente invertido en los trabajos escasamente efectuados.
Algunos de ellos incluso no estaban ni siquiera bien rematados, lo que provocó numerosos problemas a los propietarios de las viviendas, más allá del dinero perdido, ya que se vieron forzados a contratar a una nueva empresa tras la paralización de la obra para la conclusión, cuando no corrección, de lo ya ejecutado. Esto lo hicieron en siete ocasiones.
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