Esta autorización se suma a las múltiples licencias concedidas en los últimos tiempos para nuevos apartamentos turísticos o viviendas destinadas a tal fin en las plazas del Salvador, del Cristo de Burgos y de Santa Cruz y las calles Alhóndiga, Imagen, Vidrio, Conteros, Alfarería, Don Alonso el Sabio, Feria, Pastor y Landero, Campana, Hernando Colón, Santa Paula, Enladrillada, Torcuato Luca de Tena y la Alameda de Hércules, entre otras.

Tales proyectos vienen a incrementar la oferta de viviendas turísticas de la capital andaluza, donde el "Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla" y otras voces avisan de las consecuencias de la proliferación de la oferta turística.

Y es que según este colectivo, los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a julio de 2018 reflejaban que entonces había en Sevilla un total de 21.629 plazas hoteleras repartidas en 223 establecimientos; mientras que las viviendas con fines turísticos suponían 7.305 plazas repartidas en 3.441 pisos, sin contar con las viviendas con fines turísticos no regularizadas y por ende ajenas a las estadísticas.

"EXPULSIÓN" DE LA POBLACIÓN LOCAL

Como consecuencia de ello, según el colectivo, el casco histórico y Triana afrontan un "contexto de casi saturación" al ser "rebasada" la capacidad de absorción de turistas de tales entornos, lo que se traduce en una subida de los precios del alquiler en tales zonas y la consiguiente "expulsión de población de sus hogares" al no poder afrontar los precios de la vivienda.

Mientras a finales de 2018 el Consistorio emprendió gestiones para una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que introdujese una primera regulación municipal sobre las viviendas turísticas, al objeto de tratarlas como "hospedajes terciarios" ceñidos a licencia de actividad, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló íntegramente el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) promovido por el Consistorio de Barcelona.

Es por eso que el Ayuntamiento hispalense apuesta actualmente por afrontar el asunto desde la "seguridad jurídica", insistiendo en que aún no media una "jurisprudencia" definitiva del Tribunal Supremo respecto a las regulaciones de las viviendas turísticas.