¿Qué es y cómo funciona 'La Rueda', el presunto fraude que permitía ingresos millonarios por derechos de autor?

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La Audiencia imputa en el fraude de 'La Rueda' a cadenas televisivas por presunta organización criminal
EUROPA PRESS

Obtener ingresos millonarios por derechos de autor a partir de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. Esa es la base del presunto fraude conocido como 'La Rueda', que supuestamente permitió a varios socios de la SGAE ganar hasta 100 millones de euros entre 2006 y 2011.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas españolas y autonómicas, este procedimiento y les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal.

¿En qué consistía el fraude?

La trama investigada por la Audiencia Nacional consistía en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales como si se tratase de piezas nuevas, sin variación alguna de la auténtica y primitiva -en la mayor parte de los casos- o con escasos cambios.

Estas obras registradas se emitían después en programas nocturnos de distintas televisiones y generaban unos ingresos por derechos de autor que, según el instructor del caso, han alcanzado los 100 millones de euros -entre 2006 y 2011-. Para lograrlo, los investigados entraban en "contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras". 

El magistrado apunta que los investigados podrían haber actuado en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que les habrían abonado "comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras".

¿Cómo evitaban ser detectados?

Los registros de estas obras se realizaban a nombre de los denunciados, de personas de su entorno -familiares, cónyuges o hijos- o de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor, para evitar ser detectados y asociados de forma recurrente a los beneficios devengados.

A pesar de estos esfuerzos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició en 2017 este procedimiento tras recibir denuncias formuladas por asociaciones y socios de la SGAE que informaban de la existencia de un grupo de miembros de esta sociedad que realizaban actuaciones irregulares respecto al registro y modificación de obras musicales desde hacía 10 años. 

¿Qué beneficios obtenían las televisiones?

De acuerdo con el auto, las televisiones habrían actuado en connivencia con los hasta ahora investigados, con la intención de "recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE" al utilizar el repertorio propuesto por los denunciados. Para ello, en esta operación -denominada 'retorno'- las cadenas habrían creado editoriales musicales en los que emitir las obras. 

A final de año, si las cadenas registran canciones que ellas mismas emiten deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos, mientras que el otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante. 

¿Cuál es la responsabilidad de los entes televisivos?

El auto del juez considera que la responsabilidad penal imputable a los encargados de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados debe trascender "a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión". Esto se debe a que "no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos".

El magistrado observa también la inexistencia de mecanismos de prevención para respetar la "legalidad vigente" y un ataque a la "recta competencia en la contratación". Por todo ello, estima que deben convertirse en "auténticos sujetos de derechos y obligaciones y, por tanto, deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo".

¿Cuáles son las televisiones investigadas?

Los 14 entes televisivos imputados por la Audiencia Nacional son:  Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.

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