Cs pide a Armengol que plantee una reclamación judicial para recibir los 78 millones del IVA de 2017

La diputada de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "dé un paso más" y plantee una reclamación judicial para cobrar los 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA de 2017, que el Gobierno central no tiene previsto pagar a Baleares.
La diputada de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, presentando una PNL en el Parlament
La diputada de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, presentando una PNL en el Parlament
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La diputada de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, presentando una PNL en el Parlament

De hecho, Cs ha registrado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) relativa a dicho impago para instar al Govern balear a que reclame de manera "formal, contundente e inmediata" al Ejecutivo central la cuantía que pertenece al archipiélago.

Además, Guasp ha explicado que en la PNL también se insta al Govern a que solicite al Gobierno a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, que lleva más de un año sin reunirse.

"Cs quiere reivindicar con esta propuesta que el dinero pertenece a las Comunidades y el Gobierno está incurriendo en una apropiación indebida para intentar cuadrar unas cuentas, anteponiendo sus fines electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero legítimamente para la prestación de servicios esenciales", ha manifestado Guasp.

Por último, la diputada de la formación naranja ha asegurado que "nuevamente, se constata la incapacidad de la presidenta Armengol y el vicepresidente Yllanes con el Gobierno de Sánchez y de Iglesias".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro.

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