Principado y oposición ven posible consensuar una postura de fuerza para Asturias en la financiación autonómica

El Gobierno del Principado de Asturias y todos los grupos con representación parlamentaria en la Junta General han celebrado este martes la segunda reunión de la mesa de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica y han coincidido en la posibilidad de alcanzar una postura de "consenso" que permita a la comunidad tener "fuerza" para afrontar la negociación en el ámbito estatal.
Reunión de la mesa de estudio entre el Gobierno del Principado y los grupos parlamentarios de la Junta General sobre el sistema de financiación autonómica
Reunión de la mesa de estudio entre el Gobierno del Principado y los grupos parlamentarios de la Junta General sobre el sistema de financiación autonómica
EUROPA PRESS

Sin estimaciones de fechas para los encuentros nacionales que iniciarán el proceso de reforma del modelo de financiación, desde Asturias los partidos resaltan la importancia que este asunto tiene para la comunidad y muestran su disposición a alcanzar un acuerdo.

El envejecimiento de la población, la despoblación, la dispersión o la orografía como factores determinantes para el coste de la prestación de los servicios esenciales gozan del respaldo de las formaciones políticas asturianas, que también plantean incorporar otros criterios.

Los grupos tendrán hasta el día 17 de febrero para presentar sus propuestas al borrador elaborado por el Gobierno del socialista Adrián Barbón. A partir de ahí, irán negociando los detalles para dar forma a un documento que concrete la posición de Asturias.

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, se ha mostrado confiada en el acuerdo. "El consenso va a ser posible", ha defendido ante los medios al término del encuentro, que ha durado algo más de hora y media.

La responsable de Hacienda señala la importancia de disponer de un modelo que tenga en cuenta el coste de la prestación de los servicios, en base a diversos factores. "Podemos debatir sobre cuáles son esos factores y muchos de los planteados pueden ser incorporados a ese documento", ha avanzado, al tiempo que ha considerado oportunas las propuestas para aportar mayor transparencia al sistema y buscar el consenso con otras comunidades autonómicas con características similares.

"Queremos una postura de fuerza desde el consenso. Los intereses de Asturias están por encima de todo", ha dicho, reconociendo que la defensa del Ejecutivo asturiano de la armonización fiscal podría dificultar el proceso. Por eso, el Principado está dispuesto a dejar ese tema fuera de la mesa para favorecer el acuerdo.

Al respecto, la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, ha pedido que se respete "la autonomía fiscal" de otras comunidades que "son capaces de reducir sus impuestos y generar riqueza", a la vez que propone unir estrategias con comunidades próximas.

Desde el PP aseguran tener "voluntad de llegar a un acuerdo" para consensuar una postura común en Asturias. Entre sus propuestas, Mallada ha resaltado factores concretos como el número elevado de parados de larga duración de más de 55 años.

También propuestas concretas ha planteado desde Podemos su portavoz parlamentaria, Lorena Gil, que propone la incorporación de la variable de población mayor de 65 años y su uso de los servicios de salud; una "suerte de 'factor de insularidad'" por el aislamiento del Principado y los altos costes de desplazamiento fuera de la comunidad; o la 'huella ecológica' y el impacto de la contaminación en la salud de la ciudadanía asturiana.

Gil entiende que existan diferentes posiciones pero cree que no son "especialmente discrepantes" por lo que ve posible alcanzar una posición conjunta que permita defender los intereses de Asturias en la negociación estatal del modelo de financiación autonómica.

Optimista, igualmente, se ha mostrado la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, aunque sea, dice, para alcanzar "un acuerdo de mínimos" que ofrezca postura más "sólida" de Asturias. Sin embargo, la diputada ha instado al presidente asturiano a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare cuál es su modelo de financiación y su modelo de España y le urja a iniciar la negociación.

Además, desde Ciudadanos apuestan por impulsar un "frente del noroeste" con comunidades limítrofes y con circunstancias similares que permita reforzar el posicionamiento de Asturias. Del mismo modo, defienden la evaluación del coste real y la homologación de la calidad de los servicios.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha resaltado la importancia de acudir desde Asturias a las negociaciones estatales con una postura "lo más común y fuerte mejor". Así, sostiene que todos los grupos coinciden en los criterios esenciales para atender las necesidades de financiación de la comunidad y confía en que el acuerdo se materialice para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a los asturianos.

Adrián Pumares (Foro), que se ha alineado con el PP en la petición de dejar fuera de esta mesa el debate sobre la armonización fiscal entre comunidades autónomas, ha apelado al "sentido de Estado" para ofrecer el "diálogo y consenso" que permita a Asturias llevar a buen término las negociaciones con el Gobierno de España. Además, propone impulsar criterios de transparencia al modelo para "dificultar discursos populistas y demagogos frente al Estado de las autonomías".

Por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha señalado que su formación seguirá participando en el proceso pero no hará aportaciones porque consideran que "el Estado de las autonomías es un lastre".

CARTA PARA RECLAMAR 75 MILLONES DEL IVA

En otro orden de asuntos, la consejera de Hacienda ha aprovechado el encuentro para informar a los grupos parlamentarios de que el Gobierno del Principado ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda para indicar que "pertenecen" a Asturias los 75 millones de euros del 'mes 13' del IVA, que se dejaron de percibir en 2017 por una "decisión" del Gobierno de Mariano Rajoy.

"No renunciamos", sostiene Ana Cárcaba, señalado que el Principado apuesta por el "diálogo" para resolver la situación y recibir esos recursos, aunque no descartan desde el Gobierno asturiano a llegar a emplear "otra vía" si fuera necesario, tanto la administrativa como la judicial.

En ese sentido, Teresa Mallada (PP) ha pedido al Principado que "exija con toda la contundencia necesaria" ese pago de 75 millones del año 2017.

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