En rueda de prensa, la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, y la edil de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia, han informado de la moción, en la que instan también al Ejecutivo socialista a que se restablezcan las subvenciones en régimen de concesión directa a las comunidades autónomas para la atención a los menores extranjeros no acompañados, ante el aumento de los mismos en la provincia, e igualmente en el resto de la comunidad autónoma.

La moción sostiene que el "fenómeno" de los menores extranjeros no acompañados "debe ser tratado con un enfoque amplio, teniendo en cuenta el contexto político, social y económico global", considerando que un enfoque "reduccionista y las soluciones que fruto de él se planteasen colisionarían con los que deben ser los objetivos últimos: la protección y bienestar de estos niños".

Estos menores, tal y como se indica en el texto, constituyen un colectivo "extremadamente vulnerable que ha experimentado un aumento en los últimos tres años, convirtiéndose en la actualidad en una grave preocupación para las instituciones sociales y la Administración, que tiene la obligación legal de protegerles y buscar la mejor solución para ellos, a la vez que evitar la vulneración de sus derechos y prevenir los riesgos de una migración precoz y peligrosa".

Andalucía, han recordado las concejalas, es un lugar estratégico para el acceso a Europa de los inmigrantes del continente africano. El rango de edad de los Menas que llegan a España está entre los 14 y los 17 años, "aunque se empiezan a constatar la presencia de menores cada vez más pequeños". Aproximadamente el 90 por ciento de estos menores que llegan a Andalucía provienen de Marruecos.

El coste de los dispositivos de emergencia creados por la Junta de Andalucía para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA) ha ascendido a 42,3 millones de euros entre 2017 y 2019 y el pasado año se superaron los 8.000 menores atendidos en la comunidad.

El Gobierno central aprobó en 2018 un real decreto para la mejora y la atención solidaria de los menas llegados a España y que contó con 40 millones de euros de presupuesto, a destinar a las comunidades autónomas que lo requiriesen de forma voluntaria. De esa cantidad, correspondieron a Andalucía 26 millones de euros.

El Ejecutivo, han agregado, está estudiando modificar el actual modelo de atención para que sea el Estado el que se haga cargo de la primera acogida de estos niños en cuanto llegan a España antes de derivarlos a las comunidades autónomas.

"Sin embargo, recientemente se ha informado a las comunidades autónomas que deberán asumir el coste íntegro de la atención a todos estos menores no acompañados, porque el Gobierno central ha anunciado que retira la subvención que concedía para el mantenimiento de los centros de acogida. Es decir, en el caso de Andalucía se eliminarían 26 millones que han permitido a la Junta poner en marcha un total de 1.389 plazas de atención a estos menores", han lamentado.

En la mocion se precisa que el planteamiento de que corresponde únicamente a la Junta de Andalucía hacerse cargo de la atención de estos menores "no tiene sentido cuando el Ejecutivo ya ha comunicado que quiere modificar esas competencias para adquirirlas a nivel estatal, así como tampoco se sostiene que las cifras de llegadas se han estabilizado", teniendo en cuenta los miles de menores llegados a las costas en 2019.

Según el último Informe Anual del Menor del Defensor de Pueblo Andaluz, Málaga se sitúa en un tercer lugar en el número de menores tutelados por la Junta de Andalucía (registra el 6,2% de los menores migrantes y por delante de ella, se sitúan Cádiz y Granada). Han aludido a datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno de Málaga a finales de 2019 de que un total de 3.626 migrantes llegaron al puerto de la capital y a las playas malagueñas; y de ellos un porcentaje superior al 25 por ciento eran menores no acompañados.

A juicio del PP en el Ayuntamiento malagueño, es necesario un proyecto de atención e inclusión social "más ambicioso para estos menores, a través del cual se les proporcione herramientas educativas, formativas, personales y sociales para su plena incorporación a la sociedad una vez cumplen la mayoría de edad y salen de estos centros".