Una vez más, a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, le ha podido más la urgencia por luchar contra el cambio climático que el análisis de los efectos que pueden tener las medidas para ello. En 2018, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás a su propuesta para prohibir la venta en 2040 de coches de combustión gasolina y diésel y en esta ocasión Hacienda ha tardado solo 24 horas en apuntar que la idea con la que Ribera se alineó ayer sobre la introducción de un impuesto medioambiental en los billetes de avión es "complicada" porque podría afectar a los habitantes de Canarias y Baleares.

"La medida es complicada porque perjudica a Canarias y Baleares", cuyos habitantes "tienen que viajar sí o sí en avión", han apuntado este martes fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero.

Se referían a las declaraciones que hizo este lunes Ribera en una entrevista en Onda Cero donde, al ser preguntada por la posibilidad de fijar un nuevo impuesto medioambiental a los billetes de avión. "Es un debate que se está abriendo a nivel europeo", dijo la vicepresidenta, que recordó que Francia ha instaurado recientemente una tasa similar y lo consideró "razonable".

Sin concretar si España hará algo similar, Ribera señaló que sería algo adecuado desde el punto de vista de la "progresividad" porque  "quien más viaja es quien tiene más recursos o quien ve sus billetes sufragados por la empresa".

Sin embargo, este razonamiento de Ribera falla a ojos de Hacienda, que recuerda que quienes viven en Canarias y Baleares necesitan normalmente tomar el avión sea cual sea su nivel de renta.

En todo caso y de la misma manera que dijo este lunes Ribera, el Ministerio que dirije Montero no ha dado todavía con qué tipo de impuesto verde cabría introducir en España y en Hacienda ni siquiera ven claro que vaya  a ser ya en 2020 y vaya a figurar en la propuesta de Presupuestos que ya está en preparación para este año.

Rivalidad fiscal

Montero y Ribera colaboran en esta búsqueda pero, al mismo tiempo, llevan días delegándose la una en la otra la responsabilidad de dar con la fórmula concreta.

La semana pasada, la ministra de Hacienda afirmó que lleva meses "revisando" la legislación "mundial" en impuestos verdes, lo que se hace en otros países, para ver qué se podría trasladar a España. Sin dar más detalles, Montero se inclinó por impuestos que más que "afán recaudatorio" tengan un efecto "disuasorio", así como algún tipo de "incentivos fiscales" para las empresas en la transformación de los modos de producir que exige la lucha por el clima.

No obstante, Montero señaló que este estudio lo está haciendo junto con la vicepresidenta Ribera, a cuyo departamento se apunta en Hacienda como el origen de una nueva tasa verde para añadir a la propuesta de Presupuestos de 2020 que, a grandes rasgos, ya está perfilada con el intento fallido de 2019, con medidas fiscales como la subida del IRPF a las rentas más altas o Sociedades a las grandes compañías.

Más allá de las medidas fiscales que ya se propusieron en 2019, en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos figura de forma genérica la apuesta por una "fiscalidad verde" que no recaiga en las clases medias, trabajadoras, pymes y autónomos. 

No obstante, Hacienda apunta a que su diseño definitivo llegaría en todo caso de Transición Ecológica, que en el sentido contrario se recuerda que es a Montero a quien corresponder "liderar" la política fiscal. A Ribera, dicen en su Ministerio, le corresponde "proponer".

La propia ministra para la Transición Ecológica dejó claro este lunes el reparto de competencias: "Estamos trabajando con la ministra de Hacienda, que es la que está tutelando un proceso de revisión" de los impuestos verdes que se aplican en otros países.