El juicio, debido a la comparecencia de cerca de 50 personas y la personación en la causa de una veintena de abogados, se ha celebrado en una sala de vistas poco habitual, la sede del INSS, y ha estado presidido por la magistrada Marta Gudillo de Tapia.

Los hechos enjuiciados se remontan a 2012, tras una investigación llevada a cabo por la Guarda Civil, en la que se detectaron las irregularidades a la hora de la contratación de trabajadores de una empresa del sector de la construcción con domicilio fiscal en Segovia.

El administrador de la empresa, H.M.P., ha sido el primero en declarar y ha reconocido la ausencia de actividad de su sociedad durante los años 2009-2012; una empresa que en fechas anteriores efectivamente se dedicaba a la construcción, pero que con la llegada de la crisis inmobiliaria cesó en la actividad. Fue en ese periodo de tiempo cuando se formalizaron un total de 77 contratos falsos a extranjeros, en su mayoría de nacionalidad marroquí, con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España y acceder a prestaciones por desempleo.

El principal acusado también ha reconocido el impago de las retenciones del IRPF, la ausencia de contratos mercantiles y de facturas de clientes. Y ha declarado a preguntas del Ministerio Fiscal que "fueron ellos los que vinieron a pedirme el favor", pese a que en la actualidad no reconoce a ninguno de los contratados.

El propietario de la empresa realizaba contratos, mayoritariamente por cortos periodos de tiempo, para la ejecución de diversas obras en la ciudad y provincia de Segovia y también para la realización de servicios de limpieza. Lo hacía a través de dos intermediarios y de una gestora de la que él mismo era el administrador.

En cuanto a los trabajadores imputados, diez de ellos se han declarado en rebeldía y tres no han comparecido, como es el caso de una trabajadora que no ha acudido por problemas de salud y cuyo abogado ha solicitado la suspensión de la vista.

Todos, salvo siete, han reconocido el hecho de haber sido contratados sin realizar finalmente la actividad laboral, pero han afirmado que no sabían inicialmente de la falsedad del mismo. De hecho, alguno de ellos perdió su prestación de desempleo cuando fue dado de alta por la empresa.

Según el testimonio del instructor de las diligencias, se tuvo conocimiento de la existencia de una empresa que regularizaba extranjeros a través de contrataciones, pero que no figuraba en el registro de empresas de la construcción, ni pagaba las cuotas de Seguridad Social ni las retenciones de IRPF. Además, los falsos contratos eran también utilizados para la solicitud de prestaciones por desempleo y otro tipo de subsidios.

En base a los informes de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, los investigadores constataron las prestaciones y subsidios a las que los acusados accedieron a través de ese contrato.

La empresa acumulaba deudas a la Seguridad Social superiores al medio millón de euros y, junto al incremento exponencial del número de trabajadores, puso en alerta a las autoridades sobre el presunto fraude de la misma, momento en que se tramitaron 100 bajas de oficio en la Seguridad Social.

En materia de retenciones, no cuadraba la relación de trabajadores entre Hacienda y la Seguridad Social y no se habían efectuado las retenciones de IRPF a las nóminas; las últimas retenciones se realizaron en 2009. También se utilizaba el periodo en alta del trabajador con el objetivo de alcanzar la cotización mínima para solicitar la prestación de desempleo.

PENAS

El Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones que, dado el tiempo transcurrido desde la comisión del delito y las calificaciones, conllevan un atenuante. Por cada uno de los delitos de falsedad documental ha solicitado tres meses y un día de prisión y la correspondiente multa administrativa. Para los siete trabajadores que no han reconocido los hechos pide cinco meses y 21 días de prisión y cinco meses y 28 días de multa con una cuota diaria de doce euros.

En cuanto al titular de la empresa, la Fiscalía considera que es autor de un delito continuado de estafa, defraudación a la Seguridad social y cooperación necesaria del delito de falsedad documental, lo que implicaría un total de 42 meses de prisión, la correspondiente multa administrativa, el abono al SEPE de la cantidad defraudada, además de la pérdida de facultad para obtener subvenciones y ayudas públicas por un periodo de 30 meses.