Los hechos se remontan a febrero de 2017. El procesado y la víctima eran conocidos, ya que ambos se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes.

En una de esas actividades, L.C. se desplazó hasta la vivienda de la víctima y su pareja, en Cartagena, y se hizo con medio kilo de cocaína, pagando solo una parte de la entrega.

Un día después, la pareja mandó varios mensajes de texto y de voz al acusado para exigirle que efectuara el montante restante, citándolos el acusado en un garaje donde tenía alquilado un trastero.

La pareja, acompañada de su hija, de un 1 año, acudió a la cita, donde el acusado la esperaba con un arma rifle semiautomático, del calibre 22, con dos cargadores cada uno con 10 balas, de la que no tenía licencia y se trata de un arma prohibida.

Cuando la víctima llegó al lugar, se bajó del vehículo y se inició una discusión por el pago de la deuda, a lo que L.C. comenzó a disparar a la víctima, que consiguió subir a su coche.

El acusado siguió disparándole, con "la intención de causarle la muerte", además de a su pareja y aceptando dicho resultado respecto de la menor, que se encontraba en la parte trasera del vehículo, ya que sabía de su presencia.

El vehículo chocó en una plaza de garaje próxima a la salida y el acusado, tras retirar a la víctima del asiento del conductor, condujo el vehículo y se refugió portando el arma en unas escaleras. La sala del '091' recibió la llamada de un vecino del inmueble, que alertó de lo ocurrido.

La Policía Nacional localizó al acusado y el arma, que sólo tenía un cartucho en la recámara, aunque en el trastero que tenía alquilado guardaba más munición.

La víctima falleció en el lugar, debido a lesiones por arma de fuego. Su pareja resultó con una herida penetrante en el cráneo que para su curación ha precisado tratamiento quirúrgico, rehabilitador, logopédico, foniátrico y psiquiátrico. Los informes médicos también apuntan a la poca probabilidad de que la situación mejore en un futuro, ya que no es capaz de realizar ningún tipo de actividad laboral.

Los disparos también causaron daños en el garaje y los coches que se encontraban aparcados. Igualmente, el Servicio Murciano de Salud (SMS) se ha personado en el procedimiento por los gastos sanitarios ocasionados en la atención de la pareja de la víctima.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, por el que reclama 22 años de prisión; un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que pide 14 años de prisión; un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que reclama 9 años de cárcel; y por tenencia ilícita de armas prohibidas, por el que pide tres años de cárcel.

Deberá indemnizar a cada una de las hijas del fallecido en 150.000 euros, a su madre con 60.000 euros, a su entonces pareja en el momento de los hechos con casi 300.000 euros, a un vecino por daños en su vehículo, a la comunidad de propietarios y al SMS.