El anuncio de la privatización del Canal de Isabel II ha despertado un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde de la capital ha amenazado a la Comunidad con rescindir el contrato firmado con el Canal si pasa a manos privadas, y el vicepresidente regional, Ignacio González, le ha contestado que, si lo hace, tiene que devolver el dinero que la Comunidad ha adelantado a la ciudad para el suminstro de agua.

Gallardón ha anunciado que la privatización obligará al Ayuntamiento a rescindir los convenios para la distribución y el saneamiento del agua que mantiene con la empresa y a convocar un concurso para sustituirlos. El alcalde dice que, de lo contrario, incurriría en la "ilegalidad" que supondría mantener una "adjudicación directa" con una empresa "privada".

Después, ha añadido, una vez denunciados los convenios -el primero con vigencia hasta 2010 y el segundo hasta 2036-, el Ayuntamiento de la capital tendrá que convocar sendos concursos para adjudicar ambos servicios, a los que podría presentarse cualquier empresa de la Unión Europea, incluido el Canal de Isabel II, a la que considera "la mejor".

Competencias municipales

Según ha indicado, los ayuntamientos son la administración competente en materia de saneamiento y distribución del agua dentro de sus términos municipales, aunque la Comunidad lo sea para gestionar los embalses y el traslado del agua hasta las ciudades.

González ha recordado que existe un convenio en vigor "reciente" por el cual el Canal de Isabel II asume durante los próximos 25 años el servicio de distribución y saneamiento del agua de la capital, a cambio de lo cual ha abonado ya al Consistorio "entre 800 y 900 millones de euros".

El vicepresidente primero ha insistido en que el convenio que está firmado con el Ayuntamiento de Madrid "no va a cambiar ni va a sufrir ninguna modificación" por la salida a Bolsa del Canal.