La Asociación del Defensor del Paciente denunció hoy que el Hospital Infanta Cristina, en Parla, quiere dar de alta a un enfermo psiquiátrico que "agrede" a sus familiares de la manera que puede, porque está atado, y que presenta unas condiciones físicas que no puede "ni andar".

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, mandó una carta al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, exponiéndole la situación para ver si él puede mediar en el caso, después de que la propia madre del enfermo, Antonia Romero, escribiera al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, contándole lo ocurrido.

Según explica la madre en el escrito, hace unos días un trabajador social del Hospital Infanta Cristina le llamó para que acudiera al centro. Allí se encontró con varios responsables que le dijeron que su hijo Mario ya no podía seguir ingresado allí después de dos meses y medio porque lo que estaban haciendo era "una obra social" y tenía que ser un asunto tramitado "por los servicios sociales del Ayuntamiento de Parla".

No le han hecho pruebas

La madre les explicó que su hijo estaba enfermo y les recriminó que no se le hubieran hecho ya pruebas específicas como TAC o resonancias. De hecho, les recordó que estaba medicado con fármacos psiquiátricos pero que, sin embargo, no estaba atendido por psiquiatras, razón por la cual denunció que tiene "una enfermedad mental incontrolada con contenciones mecánicas en manos, cintura, y pies".

Además, según la madre, después del tiempo que lleva ingresado, sigue chillando, insultando, esta atado y tiene heridas en los talones de su misma agitación. Es más, asegura que la situación de Mario es "insostenible" porque "no puede andar, se mea y se caga encima, se le cae la baba, escupe la medicación e intenta agredir como puede a pesar de que está atado". Incluso, las Ats se niegan a atenderle por ser insultadas, apuntó.

Sin embargo, según el trabajador social, su jefa y el jefe de Medicina interna, su hijo no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, porque sus CD4 (moléculas) "están bien y la carga viral es indetectable".

Ante la negativa de la familia de llevarse a su hijo, Romero señaló que los trabajadores del centro le manifestaron que iban a mandar al Fiscal y al juez pertinente porque su actitud demostraba que no querían hacerse responsable de su hijo, y que, por lo tanto, quedaría bajo el cobijo de la Comunidad de Madrid. "Su objetivo es deshacerse de él, derivarle a asuntos sociales y así se lavan las manos", concluyó Romero.