El Parlament será el escenario este lunes de una nueva jornada de alta tensión política, cuyas consecuencias no solo afectarán a Cataluña, ya que en el pleno convocado para las 15.00 horas se visualizará si Quim Torra sigue siendo o no diputado después de que el Tribunal Supremo ordenó el pasado jueves cumplir la orden la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle el escaño. 

El peso de la decisión y toda la presión recae sobre el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, que ha convocado para las 12.30 horas una reunión de la Mesa que es donde se prevé que comience la bronca política.

Torrent se haya en la disyuntiva entre obedecer al Supremo y cumplir la orden de la JEC de retirar el acta de diputado a Quim Torra; o bien permitir al presidente catalán votar en el pleno, lo puede le acarrear incurrir en un delito de desobediencia. Un extremo que el presidente del Parlament ha evitado reiteradamente como por ejemplo cuando no permitió la investidura telemática de Carles Puigdemont, algo que no le han perdonado los socios de gobierno de JxCat.

Por ello, la decisión que tome Torrent puede llevar al gobierno de la Generalitat a una nueva crisis de confianza entre JxCat y ERC, y que planee nuevamente la amenaza de un adelanto electoral en Cataluña. Y es que los republicanos son partidarios de una solución que pasaría por retirar el acta de diputado a Quim Torra, y obedecer por tanto al Supremo, pero mantener el cargo de presidente de la Generalitat. 

Esgrimen para ello que según el informe de los letrados del Parlament "el eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría a su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat". 

Con esta decisión, Roger Torrent no cometería ninguna ilegalidad al no desobecer al Supremo y Quim Torra continuaría en la presidencia de la Generalitat.

Pero esta salida no satisface a JxCat que ejerce toda la presión sobre ERC para que Torrent no acate la orden del alto tribunal. De hecho, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), se ha mostrado convencido de que la Mesa no aceptará despojar a Torra del acta de diputado y se ratificará en que la Junta Electoral "no tiene competencia ni autoridad" para ello como ya decidió el pleno extraordinario del 4 de enero pasado. 

Desde el Govern, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó (JxCat), se ha mostrado también convencida de que la Mesa del Parlament hará "efectiva" la resolución de la Cámara que ratificó a Quim Torra como presidente y diputado, por lo que ni "contempla" que se le retire el escaño. 

Otro de los escenarios que se podrían dar hoy es que Roger Torrent deje la decisión sobre la retirada del escaño a Quim Torra en manos del secretario general del Parlament, Xavier Muro, y limitarse a suscribirla. Aunque la Junta Electoral Provincial ya ha anunciado que, tanto si recibe la comunicación oficial como si no, expedirá una nueva credencial a la siguiente persona de la lista de JxCat para sustituir a Quim Torra.

A la tensión entre los socios de gobierno de JxCat y ERC se añade la que ejercen los grupos de la oposición de Cs y del PP que ya han anunciado que emprenderán medidas legales la Mesa no retira el acta de diputado a Quim Torra y este deja de ser presidente de la Generalitat y convoca elecciones. La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, reiteró que no les "va a temblar la mano para ir ante la Justicia y denunciar su desobediencia" si no atiende al requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) de ejecutar la retirada del escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras su inhabilitación.

Tanto Ciudadanos como el PP afirman que Torra ya no es presidente de la Generalitat y denuncian que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que sigue siéndolo y que mantiene su cita con Torra al reconocerle como presidente de la Generalitat. De esta forma la decisión que tome hoy el Parlament entra de lleno en la política española y afectará a las relaciones entre el gobierno de España y el de la Generalitat.

A efectos prácticos sobre el funcionamiento del Parlament, que Torra tenga o no derecho a voto repercute directamente sobre las votaciones que tiene por delante la Cámara catalana, entre ellas la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat –los primeros en tres años– y que ahora podrían quedar en el aire.La Mesa del Parlament tiene hasta el lunes para decidir si cumple la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y retira el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o si por el contrario le permite votar en la sesión prevista para ese día.

Informe de los letrados del Parlament

El informe de los letrados del Parlament dejó claro que la Junta Electoral "no es competente para acordar el cese del diputado", y por tanto que toda decisión en este sentido debe pasar por la autonomía que tiene la Cámara catalana. 

Además, uno de los puntos clave del informe es el que afirma que si Quim Torra es cesado como parlamentario, como ha ocurrido con la decisión del Supremo que avala de la decisión de la JEC de suspender su acta de diputado, este podría continuar al frente de la Generalitat. 

Aseguran los letrados que "hay elementos suficientes, tanto a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan la institución de la Presidencia, como de naturaleza lógica y gramatical, para considerar que el eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría a su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat". 

Torra está condenado por desobediencia por no haber retirado a tiempo los lazos amarillos y la pancarta en defensa de "los presos políticos y exiliados" de edificios públicos en período electoral, lo que según el reglamento del parlamento catalán conllevará su inhabilitación como diputado, pero cuando la sentencia sea firme.

Pese a que aún hay un recurso pendiente de resolver, la JEC ordenó que se le retire el acta de diputado autonómico por "incompatibilidad sobrevenida", una decisión que Torra tachó como un "golpe de Estado" contra las instituciones catalanas y que incluso cuestionaron los servicios jurídicos del Parlament, que no creen que el organismo electoral sea competente para tomar esta decisión.