Asimismo, el Ejecutivo autonómico, que trabaja para adecuar los horarios de las escuelas infantiles "a las necesidades" de los padres, también prevé "en las próximas semanas" activar una orden con ayudas para animar a las empresas privadas a implantar servicios de conciliación. En concreto, se plantea financiar la contratación de profesionales que se ocupen del servicio en un espacio que tendrán que habilitar las empresas.

Los detalles de la nueva norma, que será ahora remitida al Pazo do Hórreo para su tramitación parlamentaria, los han concretado al término de la reunión semanal del Ejecutivo el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Política Social, Fabiola García.

Feijóo ha incidido en el carácter pionero de la ley en España y ha subrayado que "ordena y da coherencia" a las medidas de impulso demográfico adoptadas por el Gobierno autonómico. Asimismo, ha remarcado que concreta una inversión anual "entre todos los departamentos", con "impacto directo" en las políticas demográficas de la Xunta, de unos 800 millones de euros.

"Es una ley de país, no de gobierno", ha enfatizado la conselleira, quien ha remarcado que la Xunta parte de una base "adecuada" -el asesoramiento del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica- para "evitar decepciones" y "expectativas irreales".

No en vano, ha advertido que "nadie va a decidir tener hijos porque su Gobierno se lo pida" y ha remarcado que el objetivo no es "aumentar el número de nacimientos, que ojalá", sino apoyar a las familias que "libremente" elijan tener descendencia.

Al tiempo, tras subrayar el elevado número de alegaciones aceptadas tras la exposición pública y el dictamen del CES, tanto la conselleira como Feijóo han manifestado su deseo de que el "consenso" que ha acompañado a la norma en su diseño pueda reproducirse en la tramitación parlamentaria.