Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, la mayor parte de esos empleados públicos, 83.990, pertenecen a la Administración autonómica, mientras que 34.702 trabajan para administraciones locales, 34.315 para la Administración General del Estado y 9.038, para las universidades públicas de la Comunidad.

Por provincias, Ávila cuenta con 10.961 empleados públicos, Burgos con 22.407, León con 29.356, Palencia con 10.590, Salamanca con 23.427, Segovia con 11.891, Soria con 7.954, Valladolid con 34.548 y Zamora con 10.911.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes por el que el salario de los empleados públicos subirá un dos por ciento con efectos retroactivos desde el 1 de enero, porcentaje que cada administración podrá aumentar en un 0,3 con los fondos adicionales y que además podría verse incrementado en hasta un uno por ciento en caso de que el PIB de 2019 creciese un 2,5.

De momento, lo que se ha aprobado este martes es la subida fija del dos por ciento. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que habrá que esperar al mes de mayo para conocer el dato de PIB de 2019. La previsión del Gobierno es un 1,8 por ciento, con lo que no se espera ningún alza adicional de los salarios por ese lado.

Darias ha asegurado que la subida salarial de los empleados públicos era un tema "absolutamente prioritario para el Gobierno" y uno de los primeros compromisos que quería cumplir el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una vez que el Gobierno estuviera en plenas funciones.

"Somos un Gobierno que cumple con los compromisos", ha defendido la ministra, que ha recordado que esta subida salarial afectará a 2,5 millones de empleados públicos de todos los ámbitos de la administración.

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública ha querido resaltar además la "dedicación, profesionalidad y vocación de servicio de los empleados públicos".

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que los empleados públicos son una "prioridad" porque son "la base del Estado de Bienestar y contribuyen con su esfuerzo personal a la defensa y sostenimiento de los servicios públicos".

La subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC.OO. y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3 por ciento para 2020 (incremento del dos por ciento más un 0,3 de fondos adicionales).

Adicionalmente, se podrá superar este 2,3 por ciento en función del comportamiento del PIB. En concreto, si el PIB de 2019 superara el 2,1 se añadiría para este año un 0,2 de subida salarial; con un PIB del 2,2 se sumaría un 0,4; con el 2,3 por ciento un 0,6, con el 2,4 un 0,8, y si el crecimiento económico fuera del 2,5 la subida adicional sería del uno por ciento.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5 tras sumar al incremento fijo del dos por ciento un 0,25 de fondos adicionales y otro 0,25 derivado de la evolución del PIB de 2018.

LOS SINDICATOS APLAUDEN LA SUBIDA SALARIAL

CSIF, UGT y CCOO han celebrado que el Gobierno haya aprobado la subida salarial del dos por ciento a los funcionarios prevista para 2020, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Los sindicatos han coincidido en recordar que, con la aprobación de esta subida, el Gobierno da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el exministro de Hacienda y Función Pública del PP, Cristóbal Montoro, con las principales organizaciones sindicales.

CSIF ha destacado el compromiso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra Carolina Darias con dicha subida salarial, y ha tendido la mano al Ejecutivo "para alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los profesionales de las administraciones públicas, que siempre han estado a la altura, en tiempos difíciles de recortes, para garantizar a la ciudadanía su prestaciones y servicios".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de los servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros de hoy "era lo que cabía esperar".

Lacuerda ha mostrado su satisfacción con el desarrollo general del acuerdo en materia salarial y ha destacado que éste ha permitido a los trabajadores de la Función Pública recuperar 2,7 puntos de poder adquisitivo en los dos primeros años de su aplicación (2018 y 2019).

Al mismo tiempo, UGT ha emplazado al nuevo Gobierno a comenzar un ronda de reuniones para negociar un nuevo acuerdo que continúe avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 y a aprobar un plan integral de Recursos Humanos en la Administración General del Estado que solucione el envejecimiento de las plantillas.

El Área Pública de CCOO, por su lado, ha subrayado que la insistencia sindical para que se aprobara esta subida lo antes posible ha dado sus frutos. "CCOO se ha movilizado desde mucho antes de la constitución del nuevo Ejecutivo para que esta subida salarial fuera garantizada y ejecutada de forma inmediata", ha subrayado en un comunicado.

El sindicato remitió la semana pasada una carta a la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública exponiendo la necesidad y urgencia de que se aceleraran los trámites para aprobar los incrementos salariales.