La juez continua la investigación contra estas seis personas por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones previstos en el artículo 308 del Código Penal, y frente a la persona jurídica UGT Asturias, por un presunto delito de fraude de subvenciones.

En el mismo Auto se acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con relación a la Fundación IFES, así como el sobreseimiento provisional con relación a los investigados Carmen Caballero Díaz y Daniel Rodríguez Vázquez.

En el auto, que no es firme, la magistrada considera que de las diligencias practicadas se desprende a nivel indiciario que los investigados, al menos "en relación a las subvenciones concedidas a UGT Asturias e IFES en los años 2010 a 2014, actuaron concertadamente llevando a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidos, obteniendo beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical".

Para la magistrada "dicho desvío fue llevado a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), ocultando a la Administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos".

Para ello según el Auto "se habrían servido de sociedades creadas o controladas por el sindicato y de empresas afines al mismo, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, siendo dichas sociedades Localmur, Formación 2020 e Infastur".