Según información de la Cámara Baja consultada por Europa Press, el pasado 20 de diciembre de 2019 la Mesa de la Cámara acordó nuevamente admitir a trámite la iniciativa como proposición de reforma constitucional.

Se repetía así el trámite que tuvo lugar el 21 de octubre de 2014, cuando la Mesa admitió a trámite por primera vez una iniciativa que busca ampliar la participación en las leyes de consulta, tanto a través de la iniciativa legislativa popular (ILP) como del referéndum.

Sin embargo, no llegó a tramitarse. Los distintos procesos electorales que se sucedieron a partir de 2015 contribuyeron a que la propuesta asturiana quedase en el cajón.

La propuesta asturiana, en términos generales, va en la vía de explorar un camino de una democracia algo más directa. Así, unas de sus principales novedades es la posibilidad de que con 500.000 firmas acreditadas, los ciudadanos puedan instar la convocatoria de referendum sobre decisiones políticas de gran trascendencia. Incluso les permite impulsar votaciones sobre leyes en vigor, con un resultado que será vinculante "cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos".

La tramitación en el parlamento asturiano arrancó en 2013, cuando acordaron la toma en consideración. Aunque formalmente fue IU quien la registró, la iniciativa provenía de una petición de la plataforma 'Democracia directa', vinculado al movimiento 15M. En aquella legislatura el actual partido Podemos ni siquiera existía.

En Asturias gobernaba el PSOE, con Javier Fernández al frente, con 17 diputados de 45. Foro Asturias tenía 12, el PP 10, IU 5 y UPyD contaba con 1 diputado, el de Ignacio Prendes, que fue decisivo en diferentes votaciones, incluida esta. Cuando se sometió a votación la propuesta de reforma constitucional el resultado fue muy apretado. PSOE, IU y UpyD votaron a favor sumando 23 apoyos, frente a los 22 sufragios en contra de PP y Foro.

En aquel debate, el entonces diputado del PP Matías Rodríguez alertó de las "graves consecuencias" que tendría la propuesta en el caso de salir adelante. Acusaba a los socialistas de promover ese debate con el objetivo de convertirlo en "arma arrojadiza contra el Gobierno de España". Criticó además el momento de plantear la iniciativa "justo en este momento en que la ley fundamental está siendo profundamente cuestionada, tanto por el nacionalismo catalán como por otras fuerzas políticas".

Por entonces era portavoz parlamentario del PSOE Fernando Lastra, que actualmente es senador por Asturias. En el debate de 2014 defendió la reforma constitucional. "Estamos contribuyendo desde aquí, con esta iniciativa, a que realmente alguien reflexione sobre la necesidad de la reforma constitucional", alegaba, señalando que los socialistas eran partidarios de una reforma de la Constitución Española para enfrentar a dos pulsiones que convivían en el país, una de recentralización y otra de secesión.

"Estos dos elementos, estos dos conflictos, estos dos aspectos del conflicto político, están presentes hoy en la vida política y social española. Y ante esta situación la manera de abordar, de presentarse de una forma razonable, de una forma que tenga que ver con la recuperación de los ámbitos de convivencia, es abordar una reforma de la Constitución a través del procedimiento establecido en la propia Constitución", argumentó Lastra.

En ese sentido, mostró respeto al Tribunal Constitucional y rechazo a las leyes de consulta por invadir competencias exclusivas del Estado. Por ello, Lastra apostó por hacer las cosas de acuerdo a las normas constitucionales. "Si se hace de acuerdo con el procedimiento, todo es posible", remató.

El parlamento asturiano se convirtió así, aquel 19 de septiembre de 2014, en la primera cámara autonómica en aprobar una proposición de reforma constitucional. Ha pasado un lustro y su propuesta, que debe tratarse en el Congreso de los Diputados, sigue sin tramitarse.