Por todos ellos ha solicitado penas que oscilan desde los tres años y medio hasta los seis para cada uno de los doce acusados, sumando un total de 65 años de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que entre los años 2012 y 2016 el matrimonio hispano-paraguayo formado por los acusados R.S.O. y E.A., presentaba un alto nivel de vida que no se correspondía con actividad laboral alguna ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros, a cambio de dinero u otros efectos tales como móviles.

El matrimonio, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito", según el escrito del fiscal, lideraba en España un grupo de personas con idéntico ánimo, "debidamente estructuradas" que se dedicaban a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay en la localidad de Puertollano constituyendo esta actividad el medio de vida para todos ellos y cuyo entramado se gestiona por un mínimo de once personas todos con algún parentesco entre ellas.

MAS DE 300.000 EUROS BLANQUEADOS

Como medio de pago de la droga proporcionada desde Paraguay, así como para repartir con ellos los beneficios obtenidos de su venta y para financiar la compra de más droga, el matrimonio utilizó envíos de dinero a Paraguay, a través de las oficinas de correos u otras compañías. Explica el escrito que así le otorgaban al dinero obtenido de dicha actividad ilícita apariencia legal. También asegura el escrito que con este método llegaron a blanquear durante los años 2012 a 2016 hasta 333.439,76 euros.

Un método que también siguieron el resto de integrantes del grupo, unas veces por sí mismos o a través de terceros. Los destinatarios, a su vez, eran por un lado personas sin vínculo aparente con los miembros de la organización y en otras ocasiones se trataba de familiares de una de las acusadas.

Por otro lado, el blanqueo también se hacía efectivo, según la teoría de la Fiscalía, mediante la adquisición por parte de cuatro de los acusados de bienes muebles e inmuebles utilizando a otros integrantes del grupo como testaferros u otras personas no vinculadas con el entramado para ocultar la procedencia ilícita del dinero.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía ha solicitado penas de multa que superan los 800.000 euros en total, y con respecto a tres de las acusadas, naturales de Paraguay, la sustitución de la pena de prisión interesada por la expulsión del territorio español, con la prohibición de regresar a España durante un tiempo de diez años.