Mulet ha formalizado esta pregunta tras conocerse que la Plataforma per la Llengua ha denunciado a dos guardias civiles de Tavernes de la Valldigna (Valencia) por presuntamente obligar a unos jóvenes a hablar en castellano y retenerlos en un control de alcohol y drogas. Al parecer, según la plataforma, uno de los agentes indicó a uno de los jóvenes que si continuaba con esa actitud la detendría por la Ley de Seguridad Ciudadana, que Plataforma per la Llengua recuerda que es más conocida como la 'ley mordaza'.

Para el senador, las "amenazas y expresiones" denunciadas, "de ser ciertas, son intolerables". Así, ha reclamado que la nueva directora general de la Guardia Civil, María Gámez, nueva "ponga los medios para evitar posibles arbitrariedades y abusos y que sancione y sea beligerante con actitudes de agentes de este cuerpo en materia lingüística".

"Estamos ya en un periodo democrático, donde la gente habla multitud de lenguas y no pueden ser amenazas de detención por hablar una u otra lengua oficial", ha manifestado Mulet.

A hilo de esta denuncia, el senador ha pedido conocer si "es de aplicación en el caso descrito la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana". También pregunta si "actuaron debidamente los agentes de la Guardia Civil obligando a estos ciudadanos a expresarse en un idioma distinto al de su preferencia y que es totalmente oficial y propio en la autonomía valenciana".

En el mismo sentido, pregunta "cuántos agentes de la Guardia Civil se han interesado por los cursos de lengua que se ofrecen para conocer mejor la lengua y cultura valencianas" y si "se fomenta de alguna manera su conocimiento".

También interpela sobre si "ha abierto la Delegación del Gobierno u otro organismo alguna investigación para comprobar los hechos denunciados y si se vulneraron los derechos lingüísticos de estos valencianos".

"¿Ha previsto el Gobierno derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que tan criticada fue por organismos internacionales y de protección de los Derechos Humanos, por la amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España? ¿Se ajustaría el objetivo de la Ley Mordaza a los hechos descritos en la denuncia?", ha finalizado.