La Justicia anula la reapertura de las 'embajadas' catalanas en el extranjero... pero el Gobierno de Sánchez las autoriza

Fachada del Palau de la Generalitat de Cataluña, en Barcelona.
Fachada del Palau de la Generalitat de Cataluña, en Barcelona.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto que aprobó el Govern para reabrir las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Francia en junio de 2018, tras la aplicación del artículo 155.

En una sentencia, que no es firme, el alto tribunal catalán ha acordado estimar el recurso contencioso que el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó contra el decreto del Govern que restablecía las delegaciones catalanas citadas y condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso judicial, hasta un límite de 2.000 euros.

La decisión se toma el mismo día en que el Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez ya que no tiene "ninguna objeción" al nuevo texto de los decretos de creación presentados por la Generalitat. Ha recordado, no obstante, que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones si considera que su actividad "vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España".

Los decretos que han sido aprobados con Margarita Robles como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones -antes del nombramiento de Arancha González Laya como titular del mismo- habían sido impugnados el pasado julio por el equipo liderado por el entonces ministro, Josep Borrell.

La sentencia del TSJC

Para el TSJC, entre el decreto de 2018 y los aprobados en septiembre pasado "no se constata diferencia sustantiva ninguna en el régimen jurídico atribuido a las seis delegaciones del Govern de la Generalitat". En su sentencia, el alto tribunal argumenta que el decreto que acordó reabrir las delegaciones incurrió en una "palmaria vulneración" de los procedimientos legales y de la doctrina jurisprudencial, por lo que acuerda su nulidad de pleno derecho sin necesidad de "examinar" su contenido.

Para el alto tribunal, el Govern vulneró la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, al no haber dado oportunidad al Gobierno de emitir los informes preceptivos sobre las nuevas delegaciones. "Constituye sin duda este modo de proceder por parte de la administración demandada una inobservancia trascendente" del procedimiento previsto para la elaboración y aprobación del decreto de reapertura de las delegaciones en el exterior, subraya la sentencia.

El TSJC considera también que dicho decreto debería haber sido sometido a información pública, "atendido el interés general para la ciudadanía (político y presupuestario, cuanto menos"), pero tampoco se hizo así, "sin justificación suficiente"

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