El Ayuntamiento de Carmona alega que tenía "informes favorables" para la convocatoria censurada por el Supremo

Ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena al Ayuntamiento de Carmona, gobernado por el popular Juan Ávila, indemnizar con 20.000 euros a una mujer que como interina municipal impugnó un proceso selectivo al que había concurrido sin superar las correspondientes pruebas, al mediar "un vicio de invalidez en la convocatoria" de la plaza por incumplir el plazo de tres años estipulado para las ofertas de empleo público, el Consistorio ha alegado que convocó dicha plaza atendiendo "los informes favorables del técnico de Recursos Humanos, de la Intervención y del secretario municipal".
El Ayuntamiento de Carmona alega que tenía "informes favorables" para la convocatoria censurada por el Supremo
El Ayuntamiento de Carmona alega que tenía "informes favorables" para la convocatoria censurada por el Supremo
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El Ayuntamiento de Carmona alega que tenía "informes favorables" para la convocatoria censurada por el Supremo

Mientras la sentencia, recogida por Europa Press, anula en ese sentido un acuerdo de la junta de gobierno adoptado en 2012 durante el primer mandato del alcalde popular, aprobando las bases de la mencionada plaza, el Ayuntamiento ha recordado que dicho puesto figuraba en la oferta de empleo público de 2008, alegando que "la responsabilidad de que dicha plaza no se convocara entre 2008 y 2011 correspondió al anterior gobierno socialista, que no sacó adelante ningún proceso selectivo de las plazas vacantes a pesar de que era su obligación".

"Por lo tanto, las acusaciones del portavoz del Grupo socialista, Agustín Guisado, sobre la inoperancia de la actual delegación de Recursos Humanos en realidad ponen en entredicho a sus propios compañeros del PSOE, que no fueron capaces de convocar esa plaza en tiempo y forma", esgrime el Gobierno municipal del PP respecto a esta sentencia que anula la decisión adoptada en 2012 por los populares de convocar dicha plaza de la oferta de empleo público de 2008, pese al plazo legal de tres años que el Estatuto Básico del Empleado Público determina como periodo máximo "improrrogable" para llevar a cabo las ofertas públicas de empleo.

"Al igual sucedió con las 87 personas que fueron contratadas de manera irregular o fraudulenta por el Ayuntamiento hasta 2008, sin ningún proceso selectivo, simplemente presentando su currículum o tras una entrevista, y cuya regularización le ha costado a todos los carmonenses más de 200.000 euros en alguno de los casos", alega además el Gobierno local del PP, opinando que el portavoz del PP está "poniendo en evidencia la incapacidad, la ineficacia y la falta de transparencia de sus propios compañeros de partido!.

"El actual equipo de Gobierno lo que hizo fue atender los informes favorables del técnico de Recursos Humanos, de Intervención y del secretario municipal para la recuperación la citada oferta de empleo público de 2008, convocando las plazas que estaban pendientes desde ese año", señala el Consistorio, lamentando "la campaña de desprestigio y descalificación que Guisado ha iniciado contra la gestión de la directora y de la edil de Recursos Humanos, precisamente ahora que se gestiona esta materia con absoluta transparencia y legalidad, estabilizando los empleos municipales y abriendo nuevos procesos selectivos para que los carmonenses puedan acceder legalmente a los puestos de trabajo que ofrece el Ayuntamiento".

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