Esta es una de las reflexiones que realizó Quintana ante una treintena de alumnos que están a punto de obtener la titulación de socorrista profesional en el PFAE Farallón de Gáldar (Gran Canaria) durante la charla que ofreció este miércoles.

Además, Quintana "valoró el firme compromiso" del Gobierno de Canarias en el cumplimiento de este Decreto que, apuntó, tiene que "ser materializado por los ayuntamientos, a quienes compete dotar de medios humanos y materiales los más de 600 puntos de costa donde se puede practicar el baño" en las islas.

En este sentido, se refirió a los ayuntamientos como entidades a las que les compete tener articulado un plan de seguridad y salvamento. Agregó que las corporaciones estarán obligadas a ampliar sus presupuestos destinados a preservar la integridad de los bañistas en los casi 600 puntos de costa registrados en el Catálogo General de Playas.

Así, expuso que deberán proporcionar el número de profesionales del socorrismo a las características de cada playa, los elementos de información o balizamiento de zonas peligrosas, entre otros, según informó la plataforma en nota de prensa.

Añadió que en base a las previsiones realizadas por el Gobierno regional, el coste anual para cumplimentar todos los requisitos recogidos en el nuevo decreto de seguridad de costas ascendería en torno a los tres millones de euros anuales.

En este sentido, quiso diferenciar entre los términos de gasto e inversión, exponiendo que "un solo euro del erario público que se destine a evitar muertes en el medio acuático no es un gasto, sino la mejor inversión que puede realizarse y, con campañas de prevención masivas saldría, desde el punto de vista económico, más barato todavía".

Quintana, divulgador de la citada plataforma, campaña colaboradora oficial de Bandera Azul y patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, expuso a los futuros profesionales la "gran responsabilidad" que van a asumir en preservar la integridad física y emocional de los bañistas sobre todo en una comunidad "donde el ahogamiento representa la primera causa de muerte accidental, por encima de los accidentes de tráfico (39 fallecidos en accidentes de tráfico en 2019, 57 muertes en espacios acuáticos)".

RESTITUCIÓN DE LA IMAGEN PÚBLICA

Por otro lado, instó a las instituciones públicas nacionales e internacionales, así como a la propia sociedad civil a contribuir a "restituir su imagen pública y el papel fundamental que juegan en velar por la integridad física y emocional de los millones de personas que diariamente interactúan en los diferentes espacios acuáticos", ya que consideró que en el marco internacional "no se valora el rol que ejerce el socorrista o guardavidas".

Además, Quintana se mostró partidario de acuñar el término guardavidas frente al de socorrista al entender que el primero aglutina una acción "más amplia" en el rol del vigilante de playas, mientras que el segundo "está socialmente muy devaluado y se identifica con reacción, no con prevención".

En concreto, aseguró que el "mayor número de vidas se salvan no cuando te lanzas a rescatar un bañista en apuros, sino antes de que éste se meta en el agua, observando su actitud".

También reivindicó prestigiar el papel del socorrista profesional dotándole de una "adecuada formación y reconociendo su función vital" en el rescate de personas, por lo que cree que deber de tener un "alto componente vocacional", ya que "muchas vidas dependen" de ellos, "de su capacidad de observación y de la profesionalidad para estar vigilantes tanto subidos en una torre o realizando la vigilancia recorriendo la orilla".

Finalmente, situó a Canarias como referente internacional en el estudio para la prevención de ahogamientos porque es una de las dos comunidades que dispone de un decreto de seguridad de costas, "es el punto único de la UE en la que se practica el baño los doce meses del año y dispone de una campaña audiovisual dedicada a difundir la cultura de la prevención y la seguridad acuática durante todo el año".