En ese sentido, el expediente administrativo estaría en estos momentos pendiente de que el Ayuntamiento de Sevilla elevase a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en la que la Junta de Andalucía tiene depositadas sus competencias en materia de Memoria Histórica y Democrática, un informe acerca de cómo materializar la mencionada declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática, toda vez que el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas, manifestaba a mediados de diciembre que en efecto, el Consistorio estaba entonces pendiente de resolver con la Administración andaluza "cómo delimitar" el reconocimiento del inmueble.

En cualquier caso, las fuentes consultadas en las administraciones coinciden en la idea de que "no consta" que haya caducado el expediente emprendido a comienzos de 2019 para que esta antigua comisaría de la Policía Nacional, cerrada en 2003 y cedida después por el Ministerio de Interior al Ayuntamiento de Sevilla, sea declarada como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía.

Mientras el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Juan Espadas, ha recalificado el edificio para que acoja usos terciarios, -o sea posibles usos hoteleros, comerciales o de oficinas-, y promueve la licitación del mismo pero mediante un concurso que valore especialmente el "uso preferente" de "equipamiento y servicios públicos", lo cierto es que después de que el 18 de julio de 2017 la Junta de Andalucía anunciase que había concluido la valoración de esta antigua comisaría para su catalogación como lugar de Memoria Histórica, fue el 11 de enero de 2019, poco antes de que el PSOE perdiese la gestión de la Administración andaluza al formar gobierno el PP y Cs con el apoyo de Vox, cuando la Junta aprobó incoar el procedimiento de inscripción como tal del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.

Así figura en un acuerdo formalizado el pasado 11 de enero de 2019 por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y recogido por Europa Press, un documento cuya parte dispositiva contiene la decisión de "incoar el procedimiento de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la Antigua sede de la Jefatura Superior de Policía, situada en la Plaza de la Concordia". El acuerdo, en paralelo, no estima "de aplicación" ninguna medida cautelar "salvo la señalización del lugar para su recuerdo".

No obstante, a mediados del pasado mes de diciembre se celebraba una concentración ciudadana en protesta por la supuesta "paralización" del citado procedimiento administrativo, con el aviso de que el mismo corría el riesgo de caducar el 14 de enero de este año, extremo que según las administraciones no habría sucedido.