Los hechos se remontan al mes de abril de 2019, cuando la juez abrió diligencias para esclarecer lo dispuesto en un acta de la Secretaría acerca de una situación anterior en la que se produjo ausencia de ese mismo servicio bajo mandato del Partido Popular.

Según criticó el grupo Ahora Decide en ese Consistorio, la ausencia de un secretario-interventor derivó en la "contratación de un administrativo que no contaba con la legal habilitación, pero que firmó actas de plenos, órdenes de pago y certificaciones de documentos".

Al tener conocimiento de los hechos, el Juzgado de Benavente abrió diligencias y llamó a declarar tanto al alcalde del Partido Popular, Juan García Aguado, como al propio administrativo que ejercía labores de "secretario-interventor accidental".

Ahora, la juez ha decretado el sobreseimiento de la investigación al estimar que "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", a lo que añade "falta de acusación", según reza en el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Benavente.

El alcalde, Juan García Aguado, ha mantenido durante todo este tiempo que no había cometido "delito alguno" y que la situación es una consecuencia más "del problema de la España Vaciada".

Según su relato, desde que tomó posesión del cargo de alcalde en junio de 2011 ha solicitado "de manera reiterada a las distintas administraciones públicas" la provisión de una plaza de secretario para el Ayuntamiento de Villanueva de las Peras.

Sin embargo, ha apuntado, "siempre se ha dado la circunstancia de que los secretarios que se iban nombrando, tomaban posesión de su plaza y solicitaban la baja", por lo que el Consistorio se vio obligado a funcionar "con un secretario-interventor accidental con el conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora".