Empleados de Medina Azahara denuncian en Fiscalía "graves riesgos laborales"

  • La Junta dice que los errores ya están subsanados.
  • El sindicato ha denunciado la existencia de "numerosas gavillas salientes de muros sin protección"
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La sección de UGT en Medina Azahara ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba que en el yacimiento se cometen "hechos que pueden ser constitutivos de delito" por imponer a los empleados "medidas de seguridad e higiene" que "ponen en grave riesgo su integridad física".

La denuncia presentada por la sección sindical de UGT en la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que tiene fecha de ayer, recoge que existe cableado eléctrico de 380 vatios a ras de suelo y "numeroso cableado" a menos de 1,90 metros de altura sobre pasos públicos.

UGT también alerta de que se realizan trabajos de fumigación sin que los empleados tengan "la formación adecuada para el manejo de productos tóxicos", unas tareas desempeñadas por "un solo trabajador y a veces en zonas de riesgo".

Además, la denuncia, que también ha sido remitida al Defensor del Pueblo Andaluz, recoge que existe un vehículo dúmper, calificado de "alta peligrosidad" que carece de documentación y seguro y que es manejado por trabajadores "sin la debida formación sobre su utilización", al tiempo que "los andamios y cinturones de seguridad no están homologados".

La respuesta de la Junta

La delegada de Cultura de la Junta en Córdoba, Mercedes Mudarra, ha afirmado que todos los puntos de la denuncia que UGT ha presentado ante la Fiscalía respecto a las condiciones laborales de los trabajadores del yacimiento de Medina Azahara están subsanados y que "no son realidad en el año 2008".

Mudarra ha explicado que UGT se ha retrotraído al año 1994, cuando fueron denunciadas una serie de deficiencias que presentaba el conjunto arqueológico y "que se resolvieron ese mismo año".

Respecto a las medidas de seguridad de los empleados, ha manifestado que la Delegación de Cultura dispone de un documento, fechado el 2 de junio de este año, "en el que un inspector de trabajo del Ministerio competente no vio que ningún hecho de los que se exponen en la denuncia atentara contra la seguridad de los trabajadores".

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