Acusados de contrabando niegan las irregularidades en el suministro de tabaco a barcos en Marín

Tres acusados de falsificar documentos para hacer contrabando de tabaco han negado este lunes haber falsificado documentos o cualquier otra irregularidad, en sus respectivas declaraciones ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde son juzgados junto a otros tres acusados, guardias civiles, por el mismo delito.
Juicio en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo, de seis acusados, entre ellos tres guardias civiles, por contrabando de tabaco y falsedad documental.
Juicio en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, en Vigo, de seis acusados, entre ellos tres guardias civiles, por contrabando de tabaco y falsedad documental.
PAULA JUSTO-EUROPA PRESS

El juicio se celebra contra estas seis personas, a las que la Fiscalía acusa de haber falsificado documentos para fingir operaciones de avituallamiento a buques en el puerto de Marín, a los que supuestamente suministraban tabaco, a pesar de que dichos buques figuraban como desguazados o se encontraban en otros puertos.

En la jornada de este lunes han prestado declaración tres de los acusados: el responsable de aduanas en dos empresas de suministro de barcos, José Carlos G.C.; el comercial de esas empresas que vendía los suministros a los armadores, Juan José T.C.; y la hija de éste, Eva Elena T.V., que pasó a realizar esas tareas comerciales cuando su padre se jubiló.

El ministerio público sostiene que estos tres trabajadores, con la participación de tres agentes de la Guarcia Civil destinados en la terminal de Marín, gestionaban el suministro de tabaco procedente de depósitos fiscales de la Zona Franca de Vigo (libre de impuestos) a la tripulación de los barcos y, en esa gestión, falsearon documentos para fingir operaciones de avituallamiento.

De ese modo, podían disponer de ese tabaco y ponerlo en circulación sin pagar aranceles ni impuestos, ya que los barcos a los que supuestamente iban destinados los cartones de tabaco (unos 51.700 cartones, valorados en 2,2 millones de euros) ya estaban desguazados o bien se encontraban en otros puertos.

DECLARACIONES

El acusado José Carlos G.C. ha negado que hubiera cometido irregularidad alguna en su tramitación de esos despachos y, según ha precisado, su participación en las operaciones consistía en recibir los encargos por parte del comercial y gestionar la documentación ante Aduanas, pero no tenía contacto con los armadores ni participaba en los embarques.

Según ha declarado, "nunca" supo que los barcos a los que iba destinado el tabaco estuvieran desguazados o en otro puerto y "no había motivo para desconfiar". De hecho, ha añadido, en sus décadas de experiencia en esa actividad y trabajando con el mismo comercial "nunca hubo problemas", ni las autoridades aduaneras de Vigo o Marín hicieron advertencia alguna de que hubiera algún defecto en la documentación presentada.

En la misma línea, tanto el que fuera comercial para la empresa, Juan José T.C., como su hija, Eva Elena T.V., que realizaba las mismas tareas (y que solo respondieron a las preguntas de sus correspondientes letrados), han afirmado que nunca tuvieron ninguna advertencia de las autoridades acerca de la documentación presentada para embarcar el tabaco en los buques.

Por otra parte, estos dos acusados también han declarado acerca de su situación patrimonial, que fue investigada con motivo de esta causa, y han justificado su patrimonio e inversiones (como la compra de una vivienda valorada en medio millón de euros) por sus ingresos legales y su capacidad de ahorrar.

PETICIÓN DE PENAS

La Fiscalía pide para cada uno de estos tres acusados cuatro años de prisión y el pago de una multa de 5 millones de euros, por un delito de falsedad documental en relación con un delito continuado de contrabando de tabaco.

En el banquillo de los acusados se sientan también tres guardias civiles, José V.B., Florián R.R., y Alberto B.P., cuya declaración se prevé para este martes y a los que el ministerio público acusa de falsedad documental cometido por funcionario público, en relación con un delito de contrabando. Para cada uno de ellos pide la pena de cinco años de cárcel, multa de 7.560 euros, y 6 años de inhabilitación.

Por otra parte, reclama que los seis acusados, conjunta y solidariamente,indemnicen a Hacienda en 1,77 millones (por los aranceles e impuestos no satisfechos).

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