El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos recuperará la ley de plazos de 2010 permitiendo a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno, según apuntan varios medios.

Esta fue una propuesta que ya estuvo encima de la mesa tras la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez en 2018. Sin embargo, no llegó a llevarse a cabo. En el acuerdo de gobierno de ambas formaciones consta que se "favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010".

Esta ley permitía abortar sin consentimiento paterno a las jóvenes si alegaban mala relación con sus progenitores. Tras un intento reformista mayor del entonces ministro Gallardón -que tuvo en contra a la oposición, a asociaciones sanitarias y a movimientos feministas-, el Partido Popular derogó solo este punto de la ley en 2015. 

Tanto PSOE como Unidas Podemos llevaban en sus programas electorales esta promesa y en 2015 tan solo el grupo popular -con mayoría en aquel momento- estuvo a favor de la derogación. Pese a este panorama favorable, la fragmentación actual del Congreso hace difícil prever si se podrán recabar los suficientes apoyos para llevar a cabo esta reforma.

Se despenalizó en algunos supuestos en 1985

La primera ley que contempló el aborto en España fue la de 1985 que lo despenalizó en tres supuestos: si existía "un grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada"; en las primeras 12 semanas si se había producido una violación y dentro de las 22 primeras semanas si el feto va a nacer "con graves taras físicas o psíquicas". 

El Gobierno de Felipe González intentó añadir un cuarto supuesto para permitir el aborto en caso de que supusiera "un conflicto personal, familiar o social para la mujer", pero el adelanto electoral lo impidió.

La ley de 2010 amplió el aborto libre hasta las primeras 14 semanas; dentro de las primeras 22 en caso de riesgo para la embarazada o malformación del feto y en cualquier momento si se detectaban "anomalías fetales  incompatibles con la vida".

El anteproyecto presentado por Gallardón era incluso más restrictivo que la ley de 1985, limitándose a los dos primeros supuestos de dicha ley. Actualmente está en vigor la ley de 2010 exceptuando el apartado del consentimiento paterno.