Los hechos se produjeron en la tarde del 11 de septiembre de aquel año a las puertas del cementerio de la referida localidad, donde una patrulla de la Guardia Civil que pasaba por allí de forma casual vio estacionados en línea dos vehículos y tras aproximarse a ellos observó a uno de los conductores apearse y plantarse ante la ventanilla del otro, el hoy acusado E.G.P.

Los agentes, que entonces creyeron haber presenciado cómo el procesado hacía entrega al otro de un 'papelina' de cocaína, han reconocido ahora durante el juicio, en declaraciones recogidas por Europa Press, la imposibilidad de certificar con seguridad quién de los dos ejercía el papel de 'camello' y quién el de comprador de la sustancia.

Atribuyeron aquel día los papeles a uno y otro ya que detuvieron al acusado con un billete de 30 euros en la mano que pensaron que acababa de recibir del supuesto cliente a cambio de una 'papelina' con un peso de 0,44 gramos que intervinieron al segundo, si bien en la vista oral del juicio ninguno de los dos agentes ha podido descartar la posibilidad de que sorprendieran a los dos sospechosos antes de que se produjera el 'pase' de sustancia.

De hecho, el propio acusado, un empresario residente en Salamanca y dedicado al negocio de las patatas y cebollas cuya empresa factura anualmente un millón y medio de euros, ha mantenido su inocencia y ha asegurado que había quedado con el otro detenido, F.C.G, a las puertas del camposanto para que este último le suministrara la droga, dada su condición de consumidor ocasional. "Ya se lo dije entonces a los agentes que me detuvieron, pero no me hicieron caso", ha lamentado el que se ha definido como "productor agrícola".

AUTOINCULPACIÓN DEL TESTIGO

Pero lo más llamativo del caso es que incluso la persona que fue interceptada aquel día junto a él, F.C.G, se ha autoinculpado en el juicio y ha corroborado la versión del acusado, y todo ello a pesar de la advertencia realizada por el magistrado que presidía la sala respecto de que tal declaración pudiera volverse en su contra y traducirse en la apertura de un procedimiento contra él por tráfico de drogas.

Pese a mantener su papel de suministrador, el testigo ha matizado entonces que no tenía previsto percibir dinero alguno por la droga que iba a entregar al procesado y cuya transacción abortó la Guardia Civil.

El fiscal del caso, que inicialmente solicitaba una condena de tres años y medio de cárcel y multa de 90 euros, ha acordado rebajar la petición de pena para E.G.P. a un año y medio de privación de libertad y al pago de 20 euros-le aplica el subtipo atenuado-e incluso ha dejado a criterio del tribunal una posible absolución al no descartar la versión de los hechos que le situaría como comprador y no como vendedor.