La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas denunció este viernes la muerte del empresario español Diego Bello Lafuente, de 32 años, a manos de la policía hace dos días en la isla filipina de Siargao y exigió una investigación independiente del caso.

"Las circunstancias que rodean su muerte exigen una investigación independiente, ya que la policía afirma que Bello era un traficante de drogas de alto valor", señaló hoy en un comunicado la portavoz de la Comisión, Jacqueline Ann de Guia.

Bello residía en Siargao, una isla situada a 800 kilómetros al sureste de Manila y muy popular entre surfistas, donde tenía varios negocios relacionados con el turismo, un hostal, una tienda de ropa y un restaurante. Según la policía, Bello vendió cocaína a un agente encubierto y cuando se dio cuenta de que iba a ser detenido por ello, sacó una pistola calibre 45 y abrió fuego contra los policías, que dispararon en "defensa propia" y acabaron con su vida.

La portavoz de la Comisión -que desde el inicio de la guerra contra las drogas ha documentado miles de casos de ejecuciones extrajudiciales de la policía y otros abusos- insistió en que el "argumento de la autodefensa" que la policía está usando en el caso de Bello y de tantos otros sospechosos asesinados en redadas antidroga "deben ser llevados ante los tribunales".

La policía alega que Bello llevaba encima cuando lo mataron, además de la pistola, 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos en billetes marcados (580 euros). Sin embargo, fuentes de su entorno con las que ha podido hablar EFE aseguran que Bello no tenía ninguna vinculación con las drogas y que es imposible que llevara una pistola encima.

Según la comisión y otras organizaciones de derechos humanos, la policía filipina falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte.

Naciones Unidas y defensores de derechos humanos han criticado el clima de impunidad de la campaña antidroga en la que han muerto unas 27.000 personas, pero la policía solo ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron al arresto.

La Comisión de Derechos Humanos anunció que lanzará su propia investigación sobre el caso y examinará informes que apuntan a que el motivo detrás de la muerte de Bello fue un "intento de extorsión por parte de la policía al que no accedió el empresario español".

"En medio del creciente número de asesinatos extrajudiciales en el país, la lucha contra las drogas ilegales se ha convertido en una cobertura conveniente para algunos miembros sin escrúpulos de la policía para cometer delitos, como la extorsión de los dueños de negocios y otras formas de corrupción", subrayó De Guia.

Desde la comisión también destacaron la necesidad de realizar una autopsia lo antes posible y que la policía garantice la integridad de todas las pruebas; y se ofrecieron a colaborar con el Gobierno español para lograr justicia por la muerte de Bello.