Los casi 1,5 millones de euros suponen la suma de las multas establecidas por las autoridades de doce estados federados alemanes cuyas filiales de Lidl se vieron afectadas por la campaña de espionaje, según declara en la revista Günter Schedler, responsable de la protección de datos y defensa de la intimidad de los ciudadanos de Baden-Württemberg.

Las multas serán aplicadas a Lidl por prácticas ilegales de vigilancia de sus empleados con empresas de detectives y cámaras de vídeo, así como por otras violaciones de la legislación de protección de datos.

Cuando se desveló el caso, la cadena Lidl se mostró dispuesta a colaborar en la investigación y a aceptar el castigo que le fuese impuesto. También anunció el fin de dichas prácticas y de los contratos con distintas agencias de detectives.