Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto este miércoles negro sobre blanco hasta dónde llegará la mano de cada uno en el Gobierno de coalición, justo un día después del malestar que generó en el PSOE la filtración por parte de Unidas Podemos de sus ministros y altos cargos en el Ejecutivo, frente a la decisión del presidente de no desvelar la composición del Gobierno hasta la semana que viene.

PSOE y Unidas Podemos han firmado este miércoles un protocolo de funcionamiento de la coalición que cita expresamente el artículo de la Constitución que establece que “el presidente dirige la acción del Gobierno” y que, entre otras cosas, establece que todos sus ministerios informarán previamente de sus planes a la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende de Presidencia. A cambio, Sánchez se compromete a mantener el número de ministerios de Unidas Podemos -es decir, una vicepresidencia y cuatro carteras- “en caso de reestructuración” de su gabinete.

Las portavoces parlamentarios del PSOE, Podemos y sus confluencias han firmado un documento que deja constancia de que “el gobierno progresista de coalición se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad, negociación y buena fe”, con “pleno respeto a la Constitución” y que sus miembros mantendrán “la máxima discreción” no solo en el Consejo de Ministros -a lo que se comprometerán al jurar o prometer su cargo ante el rey-, también sobre lo que se discuta en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento.

Se trata, en realidad, de un único órgano que, según han acordado este miércoles PSOE y Unidas Podemos, se constituirá un mes después de que se forme el Gobierno para “revisar el funcionamiento de la coalición”. Estará formada por siete miembros, cuatro del PSOE y tres de Unidas Podemos. No consta que en este órgano se vayan a producir votaciones, en las que los morados quedarían en minoría.

Críticas y Presupuestos

La Mesa Permanente hará un seguimiento de la coalición, coordinará a los socios, la comunicación de sus acciones y decisiones y solventará discrepancias, según indica en el texto del acuerdo. En él también se perfila el férreo control que Sánchez intentará ejercer sobre la parte del Gobierno que quede en la órbita de Iglesias sobre el grado de discrepancia entre los socios que podrá producirse o, al menos, trascender.

Por lo que respecta al Gobierno, el texto deja constancia de algo que es la norma, pero que cobra especial importancia en un Ejecutivo que por primera vez será de coalición. “Los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación los principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar”, dice el acuerdo, que incluye también una comunicación entre los dos partidos, PSOE y Unidas Podemos.

También trata de evitar críticas de uno socio a lo que haga el otro cuando señala que “los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a los proyectos de otros ministerios antes de ser refrenados por el Consejo de Ministros”.

Tres niveles en el Congreso

En el Congreso, los grupos parlamentarios del PSOE (123 diputados) y de Unidas Podemos (35) trabajarán coordinados y, por ejemplo, “no podrán presentar enmiendas sin acuerdo previo” a los Presupuestos Generales del Estado, cuya propuesta elabora el Ministerio de Hacienda que, salvo sorpresa, seguirá en manos de la socialista María Jesús Montero.

El trabajo parlamentario quedará sujeto a tres niveles de control mutuo. PSOE y Unidas Podemos deberán apoyar y defender los proyectos de ley que lleguen del Gobierno y sus grupos no podrán presentar iniciativas parlamentarias si no hay acuerdo entre ambos ni podrán apoyar sin la luz verde del otro iniciativas de otros grupos “cuando afecten a la acción del Gobierno”.

Cuando se trate de “cuestiones ajenas a la acción del Gobierno” pero con una “alta repercusión” política, PSOE y Unidas Podemos deberán consultarse sus posiciones y “buscar que no sean contradictorias entre sí” y a coordinar la manera de comunicarlas.

Solo cuando el Congreso o el Senado no debatan sobre cuestiones relacionadas con la acción del Gobierno o que no tengan repercusión política, “bastará informar al representante parlamentario del otro grupo”.