Los responsables de CCOO, CSIF y UGT, Carlos Julio López Inclán, Raquel Fernández y Tomás Pérez Urueña, respectivamente, han ofrecido una rueda de prensa en la que han anunciado estas movilizaciones tras finalizar el "peor año" con la Junta por los incumplimientos y la falta de negociación.

Los sindicatos han reclamado que se cumplan los acuerdos de los fondos adicionales de 2018 y 2019, que supone una deuda que cifran en 240 euros de media para cada uno de los 85.000 empleados de la Junta (20,4 millones), la implantación de las 35 horas y el desarrollo de la carrera profesional.

Para reivindicar estas cuestiones, que han recordado que no son derechos "nuevos" sino cosas que se les quitó "de manera unilateral", se convocarán marchas en todas las provincias que arrancarán el día 23 de enero en Ávila y culminarán el 27 de febrero con una "gran" movilización en Valladolid.

Raquel Fernández ha concretado que se trata de hacer partícipes a todos los empleados públicos y por ello estas marchas recorrerán centros sanitarios, docentes y delegaciones territoriales en todas las provincias.

Una de las reivindicaciones, por la que los sindicatos ya se han movilizado el pasado año, es la implantación de las 35 horas semanales de jornada laboral, algo a lo que han recordado que la Junta se comprometió con un acuerdo firmado el 21 de mayo del pasado año si se cumplían determinados objetivos económicos, algo que se ha hecho, pero el Ejecutivo autonómico sigue sin "cumplir".

Por ello, tras diferentes protestas, los sindicatos han presentado sendos requerimientos a la Junta, uno para que negocie su implantación y otro para que ratifique el acuerdo firmado como paso previo a la presentación de una demanda ante los tribunales, lo que ocurrirá si transcurridos dos meses el Ejecutivo autonómico no contesta. Carlos Julio López cree que no se va a haber respuesta a ninguna de las cuestiones y augura el inicio del proceso judicial.

FALTA A LA VERDAD

El responsable de Comisiones ha criticado la "estrategia de desinformación" de la Junta a través de su portavoz, Francisco Igea, y del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que dicen que se busca un acuerdo, algo que "no es cierto" porque incluso en dos reuniones de la mesa general de negociación se ha incluido en el orden del día la cuestión de la jornada de 35 horas pero se ha retirado poco antes del encuentro.

En cuanto a la carrera profesional, Raquel Fernández ha recordado que se aprobó una ley en la que se regulaba esta cuestión, a pesar de la oposición de los sindicatos, que salió publicada en el Bocyl y establecía que antes del 31 de diciembre debía establecerse el reglamento para el desarrollo y la convocatoria de la carrera.

Sin embargo, a pesar de que se ha pedido negociar el reglamento y se ha presentado una propuesta para que fuera objetiva y no a través de una entrevista como se ha llegado a decir. Además, Fernández ha rechazado también cuestiones como que se ofrezca a los trabajadores del sector docente elegir entre los sexenios y la carrera profesional, lo que sería quitar un derecho para acceder a ésta última.

A su juicio, de nuevo se incumplen las leyes, ya que es la propia legislación aprobada en las Cortes la que obligaba a cumplir determinados compromisos y en plazos concretos, algo que no se ha hecho, por lo que al menos ha pedido a la Junta que su desarrollo, "si algún día se logra", tenga carácter retroactivo.

La responsable de CSIF ha incidido en que casi todas las administraciones tienen carrera profesional, algo que también quieren los de la Junta, y ha recordado que los sanitarios la tienen en la Comunidad, "por sentencias", pero la que quieren hacer extensiva a todos los trabajadores es ponerles la "carrera B", de cuantía inferior a la de sanidad.

"A igual trabajo, igual salario", ha aseverado Fernández, quien ha señalado que la Junta dijo que tenía 75 millones de euros contemplados para la carrera profesional, por lo que ha reclamado al Gobierno autonómica que aclare "dónde han ido a parar".

FONDOS ADICIONALES

Por su parte, Tomás Pérez se ha referido al incumplimiento del pago de las cantidades correspondientes a los fondos adicionales, un 0,20 y un 0,25 por ciento de la masa salarial en los años 2018 y 2019, respectivamente, tal y como se pactó a nivel nacional entre los tres sindicatos y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, algo que se ratificó con el de Pedro Sánchez.

Estos fondos, ha aclarado el responsable de UGT, tendrían que haberse cobrado a 1 de enero de 2019, pero no se han cobrado y supone, según los datos de la Junta, 119 euros de media por trabajador por los fondos de 2018 y un poco más por los de 2019, lo que suman unos 240 euros.

Pérez Urueña ha criticado que la Junta incumpla las leyes generales, ya que se contempló en el presupuesto del Estado y en un Decreto Ley, y las autonómicas, porque asumió el compromiso.

Los sindicatos proponen un reparto lineal y consolidable y esperan una respuesta de la Junta, a la que han hecho un requerimiento porque se niega a negociar, por lo que ha criticado los incumplimientos del Gobierno autonómico, que sólo pide "responsabilidad" a los sindicatos, algo que ha asegurado que siempre han sido.

Carlos Julio López ha añadido que todas estas medidas necesitan financiación y ya en el último Consejo de Gobierno la Junta aprobó el reglamento para prorrogar los presupuestos, por lo que la Junta no tiene instrumento para cumplirlo, de manera que pese a su discurso "su acción la contradice".

Por su parte, Pérez Urueña ha apuntado que ya se ha elegido presidente del Gobierno, por lo que habrá nuevo Ejecutivo y se aprobarán unos presupuestos, de manera que ha pedido a la Junta que "se deje de excusas" y cumpla lo que tiene que cumplir después de un año "estéril" en lo que se refiere a negociación y que ha terminado con "amenazas" del portavoz cuando se ha anunciado que acudirían a la vía judicial.