Tras la investidura este martes de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, una de las primeras medidas que se espera aborde el nuevo Ejecutivo es la revalorización de las pensiones. 

El año ha comenzado con las pensiones congeladas, después de que así lo deciciera el último Consejo de Ministros de 2019. 

Con la llegada del nuevo año, las pensiones debieron aumentar un 0,25% de acuerdo con lo estipulado por el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, Sánchez decidió dejar en suspenso esa revalorización a la espera de la formación de Gobierno. 

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Y es que el Ejecutivo ha previsto para este año un aumento del 0,9%, tal y como se recoge en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea. Otras medidas de este paquete económico son la subida del 2,3% del salario de los funcionarios, y el aumento aún por determinar del Salario Mínimo.

Tanto la subida de las pensiones como la del salario de los funcionario tendrá carácter retroactivo desde el primer día del año, independientemente de la fecha en el que se materialice el acuerdo, que se espera sea en este mismo mes de enero.

Cambios en el cálculo

El nuevo Gobierno de coalición también prevé abordar cambios en el sistema de cálculo de las pensiones, según el acuerdo programático al que llegaron después de las elecciones del 10N PSOE y Unidas Podemos.

Así, se garantizará una actualización conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Para ello, se eliminarán definitivamente el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

El factor de sostenibilidad fue diseñado para adecuar la pensión a la esperanza de vida. Así, el aumento en la expectativa de vida implicaría una disminución en el monto de la prestación. La medida debió haber entrado en vigor en 2019, pero en 2018 el Gobierno la retrasó hasta 2023.

Por otra parte, el índice de revalorización fue un mecanismo pensado para desligar las prestaciones de la evolución de los precios. Fijaría la actualización anualmente, pero sin depender del IPC, con lo que se perseguía garantizar el equilibrio del presupuesto en caso de que los precios subieran mucho.

Sin embargo, aunque está previsto por la ley desde 2013, tampoco llegó a aplicarse, pues el Gobierno de Mariano Rajoy decidió dejarlo en suspenso y aplicar una subida fija de 0,25% todos los años. Varios estudios han señalado que la entrada en vigo de ese índice hubiera supuesto una devaluación de las pensiones.