Así lo ha anunciado este viernes el regidor, Xosé Sánchez Bugallo, tras hablar con el director de la asesoría jurídica, Manuel Cutrín, y el abogado que está representando al Ayuntamiento de Santiago en este proceso, Xaquín Monteagudo, que creen que hay "causa y caso" para seguir reclamando esta propiedad.

Para el alcalde, "hubo un proceso de apropiación ilegítimo e ilegal de esas esculturas y un proceso posterior de blanqueamiento de la apropiación de estos bienes", que, según los documentos obrantes, fueron adquiridos por el Ayuntamiento en 1948 por 60.000 pesetas.

Sánchez Bugallo ha explicitado su "sorpresa" por los argumentos que da la Audiencia para fallar en favor de los Franco, poniendo en duda que las estatuas reclamadas sean las mismas que obran en poder de la familia del dictador.

"La propia familia en ningún momento lo pone en tela de juicio, es más, lo reconocen expresamente", ha dicho el alcalde, para quien este argumento se utiliza dado que la baza de la "usucapión" (propiedad por tenencia prolongada en el tiempo) "no puede aplicarse" a bienes patrimoniales, si no únicamente "privativos".

Bugallo ha querido agradecer su trabajo de forma especial a Xaquín Monteagudo, cuya labor permitió en su momento encontrar el documento de compra y otros datos que indican que se trata de "un bien público que tiene que estar a la disposición del público".

"Nuestro deber ético y moral es defender el que es patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Compostela y, además, patrimonio de la Humanidad", ha dicho el regidor, que ha comparado la situación a que un museo reclamase cuadros de Velázquez. "Aunque vete tu a saber, igual se llevan una sorpresa si se ponen a buscar", ha ironizado.

El Ayuntamiento de Santiago entiende que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid es "lesiva para el interés público" y que lo que se produjo en este caso fue "un procedimiento muy oscuro de apropiación, tras lo que se debió producir una "destrucción de documentos". Con ello, consideran que la sentencia "carece de motivación en su base" e interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo antes de que concluya el plazo, el próximo 20 de enero.