Dentro de algunos meses los coches ya no serán los únicos que pasarán una revisión periódica para comprobar su buen estado. La Gerencia de Urbanismo aprobó ayer una ordenanza para poner en marcha la Inspección Técnica de Edificios (ITE), cuyo objetivo es evitar las situaciones de ruina de algunas instalaciones. Según la normativa, serán los edificios con más de 50 años los que deberán pasar esta revisión.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la ciudad hay 10.848 instalaciones que superan esa edad, el 34,7% del total.

Pasar la ITE será una condición ineludible para conseguir una licencia de obras
Según se establece en la ordenanza, cuya puesta en vigor
está pendiente aún de las alegaciones que se presenten a la misma, los propietarios de los edificios son los que están obligados a encargar a un equipo técnico la redacción de un informe donde se acredite el buen estado de la construcción o, en su defecto, se detallen las obras necesarias para mejorar su conservación.

En este último supuesto, es el dueño quien debe sufragar la intervención, aunque se puede acoger a ayudas públicas.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, explica que esta normativa se aplicará de manera experimental en primer lugar en la Ajerquía Norte, un enclave del casco histórico de la ciudad donde viven casi 18.000 personas.

Ocaña señala que se ha elegido este enclave de la ciudad por sugerencia del Consejo Social, al ser objeto actualmente de un plan de la Junta para su rehabilitación. Sin embargo, la intención municipal es ampliar la aplicación de esta normativa a toda la ciudad en el futuro.

La ordenanza apunta que estos edificios deberán renovar su informe de la ITE cada década, unos documentos que irán a parar a un registro que será de acceso público. Además, estos estudios serán una condición ineludible para que los propietarios hagan obras en los edificios.

Guerra abierta a los solares vacíos 

La ordenanza también recoge el proyecto de creación de un registro de solares vacíos para determinar el número de terrenos que están sin uso en la ciudad. La normativa fija un plazo máximo de dos años para que los propietarios de esos suelos pidan una licencia de edificación.

En el caso contrario, el Ayuntamiento expropiará ese solar y lo destinará para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

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