La Fiscalía ha remitido este lunes sendos escritos al Tribunal Supremo en los que se opone a la anulación de la sentencia del `procés´ por entender que no hubo vulneración de los derechos de los acusados y rebate los argumentos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y del exconseller Raül Romeva.

En concreto, el ministerio público descarta que se haya producido indefensión en el caso de Junqueras, que fue condenado el 14 de octubre tras haber sido elegido europarlamentario. El juicio por el que se le condenó a 13 años de cárcel por sedición y malversación terminó un día antes de la proclamación de los resultados de las elecciones europeas, momento a partir del cual estaría amparado por la inmunidad parlamentaria, tal y como ha fallado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Según los fiscales, no se habría vulnerado la inmunidad parlamentaria porque el juicio terminó antes de que fuera proclamado y la situación de prisión actual es fruto de una condena firme y no una medida cautelar. Por ellos, el escrito defiende que "de ningún modo (hubo) indefensión".

"La inmunidad -dice la Fiscalía- no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional, y mucho menos, de la impunidad buscada (...) con el único propósito de eludir la acción de la Justicia". 

El escrito en el que el ministerio público se opone a los incidentes de nulidad presentados por Junqueras, Forcadell y Romeva está firmado por los cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el juicio.

Sostienen que los condenados no pueden alegar desconocimiento de la acusación de rebelión que pesaba contra ellos, impulsada por la Fiscalía, y puntualiza que ese tipo delictivo podría conllevar una condena por ese delito u otros subsidiarios “como el de sedición”. Insiste, no obstante, en que los hechos podrían haber sido penados como delito de rebelión.

En consecuencia, la Fiscalía defiende la “proporcionalidad de la pena impuesta por sedición” e insiste en que los hechos juzgados podrían haber dado origen a una sentencia por rebelión “de mayor encaje y más correcta subsunción tanto en los medios y acciones descritas” que habrían estado destinados a la “quiebra del orden jurídico constitucional” de cuya “lesión estuvieron próximos a las conductas descritas en la sentencia y desde luego, al alcance de las acciones perpetradas por los ahora demandantes de nulidad".