El PSOE, su socio –Unidas Podemos– y ERC afrontan entre presiones mutuas la recta final de su negociación de cara a las alegaciones que esta semana presentará la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y su efecto sobre la investidura, en un intercambio de advertencias al que este fin de semana se ha sumado Carles Puigdemont por medio de exconsellers próximos.

La sentencia europea que reconoce la inmunidad de Junqueras se cruzó la semana pasada en la negociación que ultimaban PSOEy ERC, sin que el congreso de los republicanos –que acordó priorizar la vía "pactada y negociada" con el Estado para exigir la independencia– no haya rebajado sus exigencias sobre qué debe pedir el Gobierno de Pedro Sánchez al Supremo –a través de la Abogacía del Estado– sobre Junqueras: la nulidad del juicio porque no se le permitió a salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado. 

"Si la Abogacía se aproxima a nuestra defensa, ayudará a ver que hay voluntad de abrir camino", dijo este sábado el viceprepresidente catalán, Pere Aragonés. "Veremos qué se propone, se habrá de valorar", apuntó y dejó en el aire y en manos de una decisión jurídica la abstención a Sánchez, horas después de afirmar en el congreso de ERC que el diálogo "solo es posible si se desplaza la represión", en alusión a la vía judicial. Precisamente, Sánchez quiere sustituirla por la política con su nuevo gobierno. Así lo recordaba esta sábado la vicepresidenta, Carmen Calvo, que el sábado dijo que los ciudadanos "se merecen" acabar el año con la investidura.

El PSOE vuelve a pedir la abstención del PP

Moncloa dice que no hay "plan b" a contar ERC, pero ayer el PSOE amagó con una alternativa en un reparto de papeles con Unidas Podemos en sus mensajes a los independentistas.

La presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistieron a PP y Ciudadanos que se abstengan, de manera que ERC no sería necesaria. Aseguraron que no habrá terceras elecciones –una "barbaridad", dijo Díaz, que elogió la "generosidad" de Sánchez por "dialogar con todo el mundo"–. Así las cosas, si ERC no quiere, el PSOE aún podría buscar un pacto con el PP.

Por su parte, el portavoz de En Comù Podem, Jaume Asens, advirtió estes domingo a ERC de que "no hay alternativa" a facilitar la investidura. "O gobierno de coalición o el abismo de Vox", dijo en una entrevista a Efe donde señaló que "el único Gobierno que puede hacer posible el diálogo" en Cataluña es la coalición entre PSOE y UP. Además, relacionó la investidura con el apoyo de los Comunes dieron a ERC a los Presupuestos catalanes.

Exconsellers de Puigdemont

Asens apeló a ERC y a JxCAT y les pidió frenar su "pugna constante", que no remite. Ante el movimiento del Gobierno que espera ERC, la exconsellera Clara Ponsatí lanzó un mensaje contrario al acuerdo. "Que España tenga dificultades para constituir un gobierno nos va bien", dijo el sábado desde Escocia, donde está huida, y dijo no entender "el afán" de ERC por "apuntalar un gobierno en España".

Además de ERC para Junqueras, el exconseller Jordi Turull también cree que él y el resto de condenados por el 1-O deberían salir de la cárcel. En una entrevista a Cataluña Radio desde la prisión, este domingo dijo que sería "incomprensible y doloroso" que la Generitat no les dé el tercer grado como consecuencia de la sentencia del Tribunal de la UE

Entre todas estas voces, este domingo también se escuchó la del PP. Su líder en Cataluña, Alejando Fernández, exigió a Sánchez que "rompa sus negociaciones con ERC" y respete la "independencia judicial". Para los populares, la "exigencia" de ERC sobre la inmunidad de Junqueras es "inaceptable y profundamente antidemocrática".

Pendientes de la Abogacía del Estado

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE), que deja claro que el Tribunal Supremo debería haber permitido a Oriol Junqueras recoger su acta de eurodiputado, ha tensado las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Pese a que el acuerdo con el PSOE está muy avanzado, ERC se niega a cerrarlo y rubricarlo hasta que se garantice el cumplimiento de ese fallo. Y la clave de bóveda para volver a poner en marcha las conversaciones es la actuación de la Abogacía del Estado, que tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre en qué situación queda Junqueras tras el fallo.

De lo que diga ese órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, dependen buena parte de las conversaciones. Así lo expresó la propia ERC el jueves, cuando anunció que paralizaba las negociaciones hasta que el PSOE aclare "qué hará la Abogacía del Estado". Los republicanos exigen que el órgano defienda ante el Tribunal Supremo lo que ya planteó en junio:que se permita a Junqueras tomar posesión de su escaño como eurodiputado. Según la interpretación de ERC, al aplicársele la inmunidad del cargo, se le debería poner en libertad provisionalmente.

La Abogacía tiene hasta el viernes para plantear su posición al Supremo, que es quien finalmente habrá de decidir qué pasa con Junqueras. La Fiscalía se pronunció escasas horas después de la sentencia y pidió al Supremo que no se excarcele a Junqueras al entender que está inhabilitado para ejercer como parlamentario por sentencia firme. Y una posición similar de la Abogacía dinamitaría los puentes del PSOE con ERC.

Porque, más allá de la cuestión jurídica y de las diferentes interpretaciones de la sentencia del TJUE, subyace una cuestión política: la frágil confianza entre el PSOE y ERC, que se pone a prueba incluso antes de que comience la legislatura. Los republicanos han querido marcar públicamente distancias con los socialistas desde el primer momento incluso aunque se hayan prestado a negociar con ellos. Y el PSOE, en su primera reacción, intentó no soliviantar a ERC abriendo la puerta a que la Abogacía del Estado ayude de "la mejor manera a la posición que adopte el Tribunal Supremo para cumplir esta sentencia".

No obstante, pese a la desconfianza latente, ERC podría haberle puesto las cosas mucho más difíciles al PSOE si hubiera exigido que presionara para una posición diferente de la Fiscalía, algo que, en su reacción tras la sentencia, no hizo. El único pronunciamiento en este sentido lo planteó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que dejó caer el jueves pasado que "en campaña electoral, Sánchez se jactó de controlar la Fiscalía".