La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, ha sido desarrollada por agentes del Grupo III de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alicante, según ha informado la Jefaturaen un comunicado.

Las primeras pesquisas se iniciaron al detectar en la Oficina de Extranjeros de Alicante una solicitud de residencia presentada por la circunstancia excepcional de arraigo social y en la que la documentación aportada levantó las sospechas de los funcionarios.

Tras el estudio de dichos documentos se determinó que los mismos habían sido alterados. Además, en el desarrollo de la investigación se constató que en 24 de los expedientes pendientes de tramitar se habían falsificado los documentos necesarios para acreditar el arraigo.

Los documentos fraudulentos principalmente eran los volantes colectivos de empadronamiento, los certificados padronales individuales, así como varios contratos de arrendamiento de disposición de las respectivas viviendas.

Por parte de la Sección de Documentoscopia de la Brigada de Policía Científica de Alicante se emitió el correspondiente informe en el que se constataba la falsificación del documento modificando la fecha real de la inscripción del solicitante en la Oficina del Censo y Estadística, que había sido retrotraído varios años, con el fin de acreditar la residencia en España, durante al menos tres años.

COBRABAN ENTRE 3.000 Y 8.000 EUROS

Los agentes lograron la identificación de los presuntos falsificadores, dos ciudadanos que cobraban entre 3.000 y 8.000 euros por proporcionar la documentación falsa, la cual era entregada en las Oficinas de Extranjeros junto a las solicitudes de residencia.

Una vez identificados se estableció un dispositivo policial que consiguió la localización y la detención de los dos responsables materiales de las falsificaciones, a los que además se les imputó un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Posteriormente, se detuvo a 16 personas que habían hecho uso de esos documentos para intentar tramitar su residencia, siendo imputados un delito de falsedad documental de los hechos, según entendió el Juzgado número dos de Torrevieja.

La Policía Nacional ha informado de que la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones por estos hechos.