En su último informe, entregado este jueves al Parlament, la Sindicatura analiza el trabajo de intervención realizado en las entidades locales de Baleares a lo largo de 2017 y avisa de que, mientras que de media, los empleados de intervención controlaban 8,5 millones de euros de presupuesto inicial, al mismo departamento en Palma le corresponden 117,75 millones por empleado, una cifra "casi 14 veces superior a la media". Para contextualizar este dato, la Sindicatura resalta que la ratio en el Consell de Mallorca es de 12,5 millones por empleado.

La plaza de interventor de Palma está ocupada desde noviembre de 2011 por un funcionario con habilitación de carácter nacional mediante un procedimiento de libre designación. La relación de puestos de trabajo del Departamento de Intervención incluye diez plazas, pero en 2017 sólo estaban ocupadas cinco: el interventor general, el jefe de servicio de auditoría, un economista, un jefe de negociado y un auxiliar administrativo.

El departamento palmesano ya advirtió de que en 2017 no dispuso de suficientes medios de personal para desarrollar las tareas de control interno y la Sindicatura coincide en que hay una "infradotación de recursos humanos".

RESPONSABILIDADES PENALES

Fruto de esta situación, la Sindicatura detalla diferentes deficiencias en la tarea interventora en el Ayuntamiento de Palma, entre otras, que no se realizaron actuaciones de control financiero necesarias o que la nómina "nunca es revisada en su integridad".

"El Ayuntamiento de forma recurrente omite trámites esenciales en el procedimiento de contratación, que suponen que los contratos resultantes sean nulos. De estas actuaciones se pueden derivar responsabilidades patrimoniales e, incluso, penales", avisa.

El Ayuntamiento adoptó en 2017 un total de 20 acuerdos contrarios a las objeciones planteadas por su órgano de intervención, por un importe de 23,1 millones. La mayoría eran sobre expedientes de contratación. También se tramitaron 105 expedientes, por 12,97 millones, con omisión de la fiscalización previa.

En general, las entidades locales de Baleares incluidas en el informe de la Sindicatura adoptaron en 2017 un total de 85 acuerdos contrarios a sus propios órganos de control interno, por un importe de 48 millones de euros.

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Sindicatura también ha entregado su informe sobre la rendición de cuentas por parte de las entidades locales en 2018. Este documento revela que poco más de la mitad (56,6%) de las entidades locales de las Islas han rendido sus cuentas generales dentro del plazo. Incumplieron, entre otros, los Consells Insulars de Ibiza, Formentera y Menorca, así como el Ayuntamiento de Palma.

Además, la Sindicatura resalta que hay tres ayuntamientos (Estellencs, Formentera y Puigpunyent) y una mancomunidad (Tramuntana) que no han rendido alguna de sus cuentas generales desde 2003.

La mayoría de los ayuntamientos sí cumplieron con la obligación de enviar su relación de contratos, aunque casi la mitad lo hicieron fuera de plazo.

La Sindicatura ha pedido a los alcaldes y presidentes insulares que asuman la rendición de cuentas "como un eje fundamental en la gestión", no sólo como exigencia legal sino "como un compromiso de transparencia y responsabilidad con la ciudadanía".