ERC espera una respuesta del Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que este jueves ha reconocido la inmunidad de Oriol Junqueras por haber sido elegido eurodiputado, y el Ejecutivo ha remitido la decisión sobre cómo “dar cumplimiento” a este fallo al Tribunal Supremo, que, dentro de la "independencia de los tribunales", fue quien planteó la cuestión prejudicial sobre la que se ha pronunciado hoy el tribunal europeo.

“El Tribunal Supremo es el órgano que debe decidir ahora cómo da cumplimiento a la resolución del tribunal europeo, a cuyo superior criterio está vinculado”, ha afirmado este jueves el Gobierno a través de un comunicado sobre el fallo hecho público este jueves. En él también recuerda que el Supremo ha abierto un plazo de “consulta a las partes para que presenten sus alegaciones”. Entre ellas, continúa, la Abogacía del Estado “está estudiando con el debido detenimiento la sentencia y presentará su escrito en los próximos días”.

Además el Ejecutivo recuerda que el Tribunal europeo “no analiza ni se pronuncia sobre la sentencia” del procés, en la que Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación en la organización del 1-O.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado clara su posición al respecto en ocho puntos, que empiezan con la garantía de que el Gobierno “respeta y acata las resoluciones de los tribunales españoles” y los “supranacionales”, como el de Luxemburgo y recuerda que el fallo conocido este jueves es como consecuencia de una “cuestión jurisdiccional adoptada en el ámbito de la independencia de los tribunales”.

De esta forma, Sánchez intenta circunscribir únicamente al plano judicial la respuesta a la sentencia del tribunal europeo, que este jueves se ha colado de plano en la negociación política con ERC de cara a su investidura, puesto que los independentistas han dicho que no volverán a reunirse con los socialistas hasta que estos no se pronuncien sobre la sentencia por medio de la Abogacía General del Estado.

Para Sánchez, el "plano político" es otro, y en él, su Gobierno "se ratifica en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo, negociación y acuerdo entre todos los actores políticos, desde el respeto a las legítimas diferencias de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.