De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto al cambio de criterio del Ejecutivo autonómico que negaba que hubiera un ilícito penal mientras que ahora solicita cárcel para dos ex altos cargos en el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera si bien lo hace en su calidad de "cargos directivos en empresas públicas", ha matizado.

"Este Gobierno es un gobierno responsable que se ha personado y que ha pedido pena entre otras cosas porque tiene que responsabilizarse de que, en el supuesto caso de que hubiera una condena, se pueda solicitar los daños o reparaciones que sean necesarias para la Administración y por lo tanto para todos los ciudadanos de Castilla y León", ha explicado en concreto.

"Estamos actuando con la prudencia y con la determinación que son aconsejables en este momento", ha añadido para insistir en que hay que valorar la actuación de la Junta de Castilla y León a diferencia de lo que han hecho otros gobiernos autonómicos con otros casos de corrupción.

Igea ha recordado a este respecto que el Gobierno de Castilla y León representa a los ciudadanos y no a los partidos que lo componen para insistir en la necesidad de actuar desde la responsabilidad. Preguntado sobre si el anterior Ejecutivo del PP no fue responsable al no tomar ese paso, el portavoz ha aclarado que habla como voz del actual ejecutivo y no del anterior que, según ha recordado, se personó de forma responsable en mayo de 2016, lo que ha permitido ahora dar el nuevo paso jurídico.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, también ha recordado que la Junta de Castilla y León se personó en el procedimiento de este caso en mayo de 2016 a lo que ha seguido ahora una calificación inicial en virtud de los datos y a la evaluación del expediente.

Preguntados por la falta de referencias concretas de la nota de prensa de la Junta a las personas concretas para la que piden condenas, Ibáñez ha significado el "ejercicio de transparencia" de la Junta al informar del contenido del escrito de calificación a lo que no estaba obligada y ha apelado en todo momento al deber de respeto a la presunción de inocencia de los encausados ante la posibilidad de que no haya condena o que se sobresea el caso, ante lo que podrían actuar contra el Gobierno autonómico por imprudente.

"Los nombres son bastante públicos y notorios", ha constatado el consejero de la Presidencia en referencia a todas las informaciones que se han publicado sobre este caso para insistir en que no actuaron como altos cargos de la Junta sino como cargo directivo de empresas públicas.

"Somos la misma persona pero la función como altos cargos es una y como cargos directivos se hace en función de cargos directivos de esas empresas", ha manifestado el consejero de la Presidencia a lo que Igea ha añadido que uno de los objetivos del Gobierno conjunto entre PP y Ciudadanos es revisar el funcionamiento de todas esas empresas ya que se alejan del derecho administrativo y de sus responsabilidades.

"Son empresas públicas y no es la Administración", ha reiterado Francisco Igea que ha recordado que también se va a cambiar la ley de Transparencia para evitar cosas "mal hechas" como ha ocurrido, según sus palabras, en el caso de La Perla Negra.

Dicho esto, ha recordado que en España las responsabilidades las dicta la Justicia que, en este caso, ha encausado a los directivos a título personal.