El juez acuerda fianzas para que cuatro exdirectivos de iDental puedan quedar en libertad con medidas cautelares

Clínica desmantelada de iDental en Méndez Álvaro (Madrid).
Clínica desmantelada de iDental en Méndez Álvaro (Madrid).
JORGE PARÍS

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha emitido este jueves un auto en el que acuerda fianza de 50.000 euros para que los exdirectivos de iDental Luis Sans y José María Garrido puedan salir de prisión, así como 20.000 euros para los exadministradores de la compañía Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, según han informado fuentes jurídicas.

Los cuatro se encuentran en prisión preventiva desde el otoño de 2018, cuando fueron detenidos por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 por el fraude masivo en estas clínicas dentales 'low cost' que ha dejado miles de afectados por toda España.

Una vez consignen la cuantía de las fianzas fijada por el magistrado, los cuatro quedarán en libertad provisional con medidas cautelares, esto es, comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salida de territorio nacional y entrega de pasaporte.

Dos organizaciones criminales

Tras algo más de un año de investigación, el juez instructor ha cerrado ya dos piezas separadas de esta macrocausa de las clínicas 'low cost', detrás de las cuales hubo, según De la Mata, dos organizaciones criminales diferentes que han desarrollado distintas actividades delictivas y que coincidieron cuando la primera, encabezada por Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, vendió iDental a la segunda, que lideraban Luis Sans y los hermanos Garrido López.

Por un lado, De la Mata ha abierto ya juicio oral contra la cúpula de la compañía por un fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros, sin contar los intereses. iDental, dice el juez, se basaba en un modelo de negocio "consistente en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos y con la colaboración en unos casos de testaferros, para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero".

Este entramado empresarial contaba con dos tipos de sociedades: las mercantiles titulares de las clínicas y talleres donde se desarrollaba la actividad profesional, que generaban deuda a la Seguridad Social por importe de 11,1 millones de euros en impagos de la cotización de sus trabajadores (intereses incluidos); y las sociedades interpuestas o pantalla y sus testaferros, constituidas con el "propósito de defraudar" y que deben 20.968.497,34 euros, contando asimismo con recargos e intereses.

Total desprecio a la salud de los clientes

Por otro lado, el instructor ha propuesto juzgar a 35 personas, también a los exmiembros de la cúpula, por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

La estrategia fraudulenta consistía en ofrecer servicios odontológicos sofisticados y de alta calidad a los clientes a precios irrisorios, con pleno conocimiento de la incapacidad del Grupo para proporcionar los servicios comprometidos y con total desprecio de la salud bucodental y estado de sus usuarios, a quienes hacían creer que pagaban menos porque parte del elevado coste de los tratamientos estaba subvencionado por instituciones públicas.

Una vez captado el cliente, se le presionaba de forma muy agresiva para hacerle firmar los presupuestos y los correlativos créditos al consumo para obtener de golpe el importe íntegro del tratamiento por parte de la entidad que lo financiaba. El objetivo era captar el mayor número de clientes y así, más recursos económicos "con plena conciencia de la incapacidad de la empresa de prestar el servicio comprometido".

Según De la Mata, este sistema se desarrolló durante la etapa de Pellicer y Castañer y se mantuvo "exactamente" con Sans y los hermanos Garrido una vez compraron el negocio, cobrando a los pacientes por adelantado y a sabiendas de que no se iban a completar los tratamientos, ya que únicamente había financiación para continuar la actividad de la empresa hasta junio de 2018 (finalmente se cerró en mayo) y no pagaron las nóminas durante los meses previos.

Tratamientos defectuosos y lesiones

Cerradas las investigaciones de estas dos piezas separadas, queda la relativa a delitos contra la Hacienda Pública y también la parte principal de la causa, la más compleja por extensa, sobre los hechos y delitos de lesiones contra la salud pública cometidos por los investigados y otras personas en los tratamientos odontológicos.

Conforme explica el magistrado, un número masivo de tratamientos quedaron inacabados, fueron defectuosos y en muchos casos, produjeron alergias e intolerancias y en otros, lesiones, debido a la absoluta insuficiencia en la capacidad de producción de los servicios por parte de las clínicas del Grupo y la limitada experiencia de los odontólogos, en su mayoría recién graduados sin práctica profesional.

Los pacientes, pese a estar sufriendo circunstancias como lesiones por mala praxis y mal asesoramiento y padeciendo la deficiente higiene en el material utilizado, "no tenían una vía alternativa de salida, ya que la clínica no daba opción a cancelar los tratamientos, por lo que aunque no quisieran continuar con estos, debían seguir pagando las mensualidades debidas".

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