Así lo han trasladado después de que el Consejo de APB acordara este miércoles aplazar hasta el 1 de julio de 2020 la fecha de entrada en vigor del pliego de condiciones particulares de dicho servicio en los puertos de Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y la Savina.

El sector ha considerado que la entrada en vigor de forma inmediata de esta Resolución "habría afectado la actividad económica". La productividad de las empresas náuticas de Baleares (171 millones de euros de valor añadido) "se vería afectada negativamente con la imposición de la esta norma".

"El objetivo es conseguir que una medida de este calado cuente con el mayor consenso sectorial y se encuentre respaldada por las empresas que operan en Baleares", han argumentado desde el sector.

En este sentido, han considerado que "la presencia activa" en el Consejo del sector náutico "ayudaría, de forma inequívoca, a que no se vuelvan a producir situaciones como las que se han vivido y que han mantenido en estado de alarma a los empresarios".