El análisis de la documentación incautada en junio y la colaboración ciudadana llevó a estas nuevas detenciones y a descubrir la sede de la red en un despacho de abogados de Los Alcázares, cuya titular cobraba entre 6.000 y 12.000 euros por tramitar expedientes que Extranjería denegaba porque las empresas carecían de actividad.

Los nuevos detenidos son la titular del despacho, cuya identidad no ha sido facilitada; dos secretarias del mismo y ocho empresarios de entre 28 y 63 años.

La operación se inició en junio con la detención de cinco personas de nacionalidad española, tres de ellas empresarios y otra un falso abogado que operaba en una asesoría radicada en Santiago de la Ribera, en el término murciano de San Javier.

En ese mes la Guardia Civil tuvo conocimiento de unos supuestos contratos en origen realizados por otro despacho de abogados, el denominado "Ágora II", de Santiago de la Ribera, donde los inmigrantes pagaban por esos supuestos contratos y, tras esperar largos periodos de tiempo sin ninguna comunicación, no obtenían ningún resultado.

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