El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez le ha dado un toque de atención al ejecutivo andaluz de Juanma Moreno por exceder el objetivo de déficit en 2018, un ejercicio en el que el presupuesto fue elaborado, curiosamente, por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera del ramo en la Junta de Andalucía presidida por Susana Díaz.

El ministerio ahora dirigido por Montero ha sido el que ha remitido una carta a la Junta para indicarle que incumplió "el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto" en 2018, por lo que le impide captar recursos en los mercados financieros. 

En esa misiva le exige, además, "un plan de ajuste" para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Concretamente, insta a la Junta a presentar "medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea consistente con su plan económicofinanciero".

La carta de Hacienda, fechada a 5 de diciembre, es en realidad una respuesta negativa a la solicitud que hizo la Junta en julio para adherirse al Fondo de Facilidad Financiera (FF), otro mecanismo estatal de financiación autonómica para aquellas comunidades que sí cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Moreno denuncia una intervención de la autonomía

Lógicamente, esa exigencia de "ajustes" no ha sentado nada bien en el gobierno andaluz, que la semana pasada se convirtió en el primer ejecutivo autonómico en sacar adelante los presupuestos de 2020. 

Moreno dijo este lunes sentirse "sorprendido e indignado" por un requerimiento que calificó de "disparate descomunal". El presidente andaluz pidió a Sánchez que "retire de manera inmediata esa actitud que intenta intervenir la autonomía financiera" de Andalucía y denunció que el objetivo de los socialistas es "evitar la bajada de impuestos" prevista por su gabinete y obligarle a "hacer recortes en educación, sanidad y servicios sociales".

Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la Junta, fue más allá y pidió la comparecencia parlamentaria de Montero para aclarar "por qué está exigiendo ajustes por un déficit que generó el propio PSOE cuando gobernaba en Andalucía". "Es algo demencial", enfatizó su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas. 

Desde Hacienda, en cambio, negaron un trato "arbitrario" o "discrecional" con Andalucía y destacaron que no existe "ninguna intervención" de las cuentas andaluzas, sino la mera aplicación de la normativa vigente: "A todas las comunidades se les exigen los mismos requisitos. Decir que una está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de Facilidad Financiera es faltar a la verdad y, de hecho, esta ha sido la situación que han atravesado la mayoría de comunidades en un momento u otro".

Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en la misma situación que Andalucía y solo pueden acudir al FLA

Fuentes del ministerio, confirmaron este lunes a 20minutos.es que actualmente se encuentran en la misma situación que Andalucía (solo pueden acudir al FLA) Murcia y la Comunidad Valenciana, mientras que las únicas que cumplen los requisitos para financiarse en los mercados son Madrid, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Navarra, Galicia y Baleares. 

Además, las mismas fuentes quisieron restarle dramatismo al hecho de tener que acudir al FLA, pues "se trata de un mecanismo de financiación muy ventajoso" para las comunidades, "con un tipo de interés que actualmente está al 0%" y que es "el mismo que se aplica en Facilidad Financiera".

Hacienda también rechazó que el exceso en el déficit andaluz pueda ser imputable a Montero, quien "dejó sus responsabilidades en la hacienda autonómica tras la moción de censura del 1 de junio de 2018", cuando Andalucía tenía "un déficit provisional del 0,37%, por debajo del fijado". 

Bien es cierto, no obstante, que ese dato se acercaba mucho al objetivo del 0,4% fijado para ese año.

Según los datos de Hacienda, Andalucía acabó cerrando el ejercicio con un déficit del 0,41% y a lo largo de 2019 "se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo fuera del 0,51%", es decir, algo más de una décima por encima del límite (813 millones de euros).