La Airbnb deberá eliminar de su web los anuncios de pisos turísticos ilegales en Cataluña

  • Una sentencia del TSJC da 15 a Airbnb para retirar los pisos sin número de inscripción en el Registro de Cataluña.
La plataforma Airbnb
La plataforma Airbnb
FLICKR - Archivo

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha determinado que la plataforma de 'homesharing' Airbnb debe cumplir la normativa catalana y dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Cataluña, lo que acredita su legalidad como vivienda turística.

La sentencia especifica que Airbnb debe bloquear, suprimir o suspender definitivamente de su web o de cualquier otro portal que pueda utilizar "todo el contenido relativo a la publicidad de las empresas y de los establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña en el que no conste el número de inscripción en el Registro de Cataluña".

El TSJC da 15 días naturales a Airbnb para cumplir con la sentencia, a la vez que le exige que dentro de este plazo aporte pruebas de su cumplimiento. Asimismo, le advierte de que, en caso contrario, se procederá a la imposición de multas coercitivas de 1.500 euros, que podrán reiterarse en períodos de un mes.

La sentencia del TSJC, que no es firme y ante la que se puede presentar un recurso de casación, también impone a Airbnb el pago de las costas causadas, con el límite de la cantidad de 2.000 euros para cada una.

Por su parte, un portavoz de Airbnb ha explicado que esta decisión se remonta a un antiguo caso en Cataluña y que recurrirán la sentencia. Ha defendido que desde junio de 2018, la plataforma requiere que todos los nuevos anuncios que están regulados por la Ley de Turismo en Cataluña muestren el número de registro.

Fue entonces cuando Airbnb lanzó una nueva herramienta tecnológica para ayudar a los anfitriones a cumplir con la regulación turística en Barcelona y Cataluña, haciendo más fácil para las autoridades verificar que los anuncios cumplen con la ley y ayudando a reducir los potenciales malos actores.

La plataforma ha aseverado que está comprometida con continuar colaborando con las administraciones, incluyendo la Generalitat, pero "Barcelona y Cataluña todavía no tienen reglas claras diseñadas para las familias que comparten sus hogares".

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