En concreto, los grupos han instado al equipo de gobierno a comprometerse, "tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno de 22 de enero de 2019", a impulsar las acciones necesarias para recabar el apoyo de la sociedad cordobesa a la estrategia logística y "aprovechando la situación geográfica privilegiada hacer del desarrollo logístico de Córdoba uno de los sectores importantes para el desarrollo económico de la ciudad".

Igualmente, han solicitado a la Junta de Andalucía que estudie la declaración de Actuación de Interés Económico el desarrollo de un parque mixto con suelos logísticos vinculados a la intermodalidad carretera/ferrocarril y suelos para la implantación de la industria 'halal' en los terrenos ubicados al otro lado de las vías de ferrocarril frente al Área Logística de la Junta de Andalucía en El Higuerón.

De esta manera, se promociona la implantación de empresas que "acrediten de forma fehaciente inversión, capacidad financiera y creación de puestos de trabajo", según han expuesto en la moción conjunta.

Otra iniciativa que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos ha sido una sobre empleo y vivienda para personas con discapacidad, de modo que se insta a la Junta de Andalucía a regular la figura de la vivienda compartida como "sistema de apoyo para la vida independiente". En esta regulación deberá definirse por una serie de rasgos que la diferencia de otras acciones o propuestas formativas.

Asimismo, han pedido a la Junta incluir en el catálogo de prestaciones de servicios sociales la figura de la vivienda compartida como prestación del Sistema Público de Servicios Sociales y estudiar su coste y su futura inclusión presupuestariamente.

Además, han solicitado a la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento y a la empresa municipal Vimcorsa estudiar los mecanismos necesarios para poner en marcha experiencias de vivienda compartida y que el Consistorio reserve el 10% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, dividiendo este cupo a partes iguales entre discapacitados intelectuales, psíquicos y físicos.

Los grupos han propuesto al equipo de gobierno que el porcentaje reservado a la contratación de centros especiales de empleo y empresas de inserción sea al menos del cinco por ciento y que se amplíen acuerdos y programas con entidades y colectivos de discapacitados para el desarrollo de prácticas profesionales, tanto en el Ayuntamiento, como en las distintas empresas municipales y organismos autónomos.

También ha habido unanimidad en una moción para la agilización de los trámites de concesión de la renta mínima de inserción, que Podemos presentaba junto a la Plataforma Cordobesa de Afectados por la Renta Mínima de Inserción, a la vez que se han acordado dos declaraciones institucionales: una como motivo del 25 aniversario de la declaración de Córdoba como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y otra a favor del Plan Nacional del Alzheimer.

Entre las propuestas a debate ha salido adelante una iniciativa en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución, con la libertad de los padres para elegir el centro para sus hijos, con los apoyos de PP, Cs y Vox, rechazándose en este caso la moción que impulsaba IU en defensa de la educación pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. También, se ha aprobado otra moción de PP, Cs y Vox sobre el nombramiento de los Llanos del Pretorio como Plaza de España, con la abstención de PSOE e IU y el voto en contra de Podemos.

CRONISTA REY DÍAZ Y HACIENDA

Por otra parte, en el Pleno se ha tomado conocimiento y acatado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba en relación al recurso contra el acuerdo plenario que aprobaba el dictamen emitido por la Comisión de la Memoria Histórica, concretamente sobre la calle Cronista Rey Díaz, cuyo nombre se mantendrá.

En otro orden de cosas, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha explicado que por vía de urgencia ha ido "una amortización de 30,5 millones de euros, con intereses incluidos", al tiempo que ha aclarado que "no se ha perdido ningún recurso en el Ayuntamiento", todo ello "como consecuencia de no haber podido poner en práctica las inversiones financieramente sostenibles, porque ni el tiempo lo propiciaba, ni mucho menos la estructura administrativa" para unos expedientes "imposibles", con "la agravante del período medio de pago" a proveedores.

Según ha expuesto el delegado, dicha amortización va a suponer "un ahorro de 580.000 euros para las arcas públicas" -"bajando la deuda viva de 158 a 130 millones de euros"-, algo que "hay que atribuirselo a las negociaciones que se han llevado a cabo" por el tesorero y por el mismo edil de Hacienda para "intentar que la amortización fuese lo más rentable posible para el Consistorio", ha resaltado Fuentes, entre otros aspectos.