En declaraciones a los periodistas tras entregar el pacto por la vivienda a los grupos parlamentarios, ha apuntado que Tenerife tiene un "serio problema" en la gestión de la vivienda pública, advirtiendo de que se buscó una solución en Añaza con la compra de 358 VPO por parte de las administraciones y al final se han creado problemas adicionales porque los vecinos "no pueden pagar" los alquileres.
"Hay que acabar con la desesperación", ha indicado, y por ello, ha remitido una carta al gerente de Visocan para exponerle que no va a haber desahucios en inmuebles propiedad de la empresa, sin obviar que hay otros problemas legales derivados.
Franquis ha apuntado que hay familias con "serias dificultades económicas" y desde el Gobierno, en colaboración con el Ayuntamiento, se les está "tranquilizando". "Estamos preocupados y buscando fórmulas legales", ha agregado.
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