Así consta en un comunicado firmado por la secretaria coordinadora provincial en la que se han expresado en estos términos en plena polémica suscitada entre el letrado de la administración de justicia del caso sala y Fiscalía en relación a la destrucción del primer acta del veredicto del jurado que fue devuelta por la magistrada presidenta por falta de argumentación, y del que no se ha hecho público su contenido.

La Fiscalía ha pedido la nulidad del juicio por no haber podido consultar ese primer veredicto, que considera que era de culpabilidad. En el juicio, el jurado popular, tras la devolución del acta, dictó un segundo veredicto con la decisión de absolver a Miguel López del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, un hecho que ocurrió en diciembre de 2016 en el concesionario que regentaba López.

En el escrito, los LAJ explican que han acordado respaldar la decisión del secretario en ese caso "en cuanto actuación desplegada en el ejercicio de su función como fedatario público y que legalmente tienen encomendada". Al respecto, consideran que "cualquier desacuerdo o discrepancia sobre sus resoluciones deben canalizarse a través de recursos o las formas de impugnación previstas en la ley".

En esta línea, destacan que el comunicado se emite "con el propósito de que la información llegue de forma clara, veraz y responsable al ciudadano, que es el destinatario último de la actividad de las oficinas judiciales, y con absoluto respeto a los derechos y garantías procesales y la observancia de los deberes y la función de cada parte del proceso".