Desde la puesta en marcha de L'Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya, en octubre de 2018, la entidad ha recibido un centenar de denuncias por vulneraciones de derechos sexuales y reproductivos. La Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha presentado el primer informe de L'Observatori este martes en Barcelona coincidiendo con la conmemoración el 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

Estas denuncias corresponden a vulneraciones de derechos clave como por ejemplo el aborto. En todas ellas se identifica como nexo en común la "violencia institucional" que se ejerce en relación a este tema.

Testimonios

El informe recoge diferentes testimonios en relación a la dificultad al acceso a anticonceptivos de urgencia, como en el caso de una chica de 16 años a la que se le negó la pastilla del día después en una farmacia porque había pedido otra tres meses antes.

Por otro lado, el escrito también hace un llamamiento a los grupos parlamentarios a debatir sobre la educación sexual basándose en el caso de una chica menor de edad que se vio obligada a realizar un aborto de forma clandestina a causa de la falta de consentimiento de sus progenitores.

Una mujer de Manresa fue enviada a Barcelona para abortar porque no había profesionales sanitarios dispuestos a hacerlo en los hospitales más próximos (eran objetores de conciencia).

Dificultades en el acceso a la reproducción asistida a mujeres LGTBI

Además, relata y analiza dificultades en el acceso a la RHA (Reproducción Humana Asistida) en mujeres LGTBI. Como las de una pareja de lesbianas que hace dos años que se encuentra en proceso en la sanidad pública y que han constatado que no se está aplicando el protocolo que marca el Departament de Salut.

La asociación también ha hecho este martes una crítica a la financiación pública que reciben algunas entidades contrarias a los derechos reproductivos de Tarragona. "Hablamos de un servicio público que intenta evitar que las mujeres aborten por un criterio exclusivamente religioso", ha indicado la coordinadora del Observatori, Sílvia Aldavert.

Miembros de la Subdirecció General de Drogodependències han explicado cómo mujeres que padecen algún tipo de trastorno derivado del consumo de sustancias tóxicas viven una falta de acceso a anticonceptivos de larga duración y la vulneración de su derecho de confidencialidad al asociarse su dependencia con la incapacidad de ejercer como madres.

El informe también recoge una encuesta que respondieron 300 personas el pasado mes de enero que muestra que un 71% de las mujeres preguntadas se han sentido "menospreciadas" durante el embarazo o el parto, y que un 38% se han sentido juzgadas al pedir la pastilla anticonceptiva.

Los derechos sexuales, en positivo

Aldavert considera que "los derechos sexuales y reproductivos son imprescindibles para conseguir una vida digna" y ha concluido que "las sociedades no pueden ser justas sin el reconocimiento, la garantía y el pleno ejercicio de los mismos".

"No hay mecanismos de denuncia ni de transparencia en el caso de los derechos sexuales", ha afirmado este martes la coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert. "Muchas veces los derechos sexuales se entienden como una libertad negativa, nunca como un derecho en positivo", ha remarcado Aldavert. Por eso, las entidades asociadas a L'Observatori han exigido "más formación, más vocación de servicio público y un cambio de paradigma" en los marcos legislativos.